¿Teme el Gobierno a Polanco?

Antena 3 de radio era, en 1992, la cadena líder en audiencia. Había sobrepasado ampliamente a la SER, pese a que ésta disponía del doble de emisoras que su competidora. La calidad de unos profesionales volcados en la denuncia de los desafueros y corrupciones del gobierno de González, así como la novedosa fórmula de la emisión por FM –una banda que, entonces, se consideraba un ámbito exclusivo de las emisoras musicales– habían logrado captar la atención de una audiencia que, para entonces, buscaba en un medio de comunicación algo más que una mera caja de resonancia de las tesis y la ideología gubernamentales o la reiterada nostalgia de tiempos políticos pasados ya superados.

En 1992, el prestigio de González y de PSOE estaba gravemente deteriorado, en gran parte debido a la actividad de los profesionales de Antena 3. El PSOE sólo pudo ganar sus últimas elecciones recurriendo a la intoxicación, al miedo y a la descalificación –el famoso vídeo del “doberman”–, después de haberse deshecho del principal obstáculo que se interponía en su camino. Para ello, contó con la alianza de Jesús de Polanco, propietario de la SER y fiel aliado de González desde que éste ocupara La Moncloa. A los dos les interesaba que Antena 3 desapareciese, puesto que, además de la afinidad ideológica de ambos –no se sabe muy bien si Jesús de Polanco es más un empresario-político o un político camuflado de empresario–, incompatible con una prensa libre e independiente, estaba el negocio radiofónico, puesto que Antena 3 se estaba llevando la mayor parte del pastel de los ingresos por publicidad.

Por ello, el gobierno del PSOE autorizó –en contra de los más elementales criterios de defensa de la competencia, sobre todo en el ámbito de los medios de comunicación–, la concentración de las dos cadenas de radio en una nueva entidad llamada Unión Radio. Aun cuando la operación pudiera tener sentido económico en sí misma (Antena 3 era una empresa muy rentable), las autoridades de defensa de la competencia de cualquier gobierno occidental mínimamente preocupado por el pluralismo informativo, la habrían vetado. Sin embargo, el objetivo principal de Polanco no era tanto hacerse con el control de la empresa líder del sector para disfrutar de sus beneficios –que también, a ser posible– sino la destrucción de su adversario por motivos políticos, aun a costa de su cuenta de resultados. Recordemos que don Jesús es algo más que un empresario preocupado sólo por el “vil metal”, puesto que no hace mucho que dijo que le importaba poco quien gobernase, con tal de que no fuese Aznar; que es tanto como decir que le importa poco quien gobierne, con tal de que sea su propio candidato.

En el seno de Unión Radio, Polanco descuartizó a su antiguo competidor. Comenzó por despedir a los profesionales que habían elevado a Antena 3 al puesto de líder de audiencia. Una vez desplomados los índices de audiencia –que se trasladaron en gran parte a la Cadena COPE, entidad donde recalaron finalmente los despedidos– de Antena 3 ya sólo quedaba el chasis, cuyas piezas –más de 100 emisoras, de las que 79 eran de su propiedad– empleó para completar la estructura de la SER y poder emitir en las zonas donde ésta no llegaba.

Los profesionales despedidos recurrieron a los tribunales, y el Supremo les dio la razón ocho años después: la operación de concentración de Polanco era ilegal, y la autorización del gobierno del PSOE no se ajustaba a derecho, por lo que el magnate de Prisa debía desprenderse de las 79 emisoras que fueron de Antena 3. Aunque el daño ya estaba hecho, a los demandantes al menos les quedaba la satisfacción moral del amparo de la Justicia.

Sin embargo, lo que no cabía esperar era que el PP –el principal damnificado de Polanco en aquellos años de plomo del felipismo– opusiera todas las dilaciones posibles a la ejecución de una sentencia que ya era firme el 9 de junio de 2000. El Gobierno del PP –ilegalmente– decidió esperar a que el Constitucional dirimiese el recurso interpuesto por Prisa antes de ejecutar la sentencia. El alto tribunal también dio la razón a los demandantes el 26 de abril de 2001 (casi un año después). Pasaron ¡seis meses! hasta el Gobierno “se enteró” de la resolución. Ya no le quedaba otro remedio que ordenar la ejecución de la sentencia, lo que hizo en el Consejo de Ministros del 2 de noviembre de 2001. Prisa disponía de dos meses para presentar ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología su proyecto de desinversión, lo cual hizo en tiempo y forma. No obstante, y aun a pesar de que el Tribunal de Defensa de la Competencia y el Ministerio de Ciencia y Tecnología ya han emitido sus dictámenes, el Ministerio de Economía aún no se ha pronunciado al respecto.

Para privar de 79 emisoras de radio a Polanco, o para cerrarle –en cumplimiento de la legalidad vigente– su cadena nacional de emisoras de televisión “local”, es precisa una gran dosis de valentía y coraje político del que el Gobierno del PP, y particularmente Rato y Birulés, están demostrando carecer. Aznar ya ha anunciado su retirada y prefiere no complicarse la vida con el hombre más poderoso de España, máxime cuando tiene una huelga general encima, además de la Cumbre Europea de Sevilla. Birulés no figura en la ad lectio del “cuaderno azul” de Aznar para la próxima renovación ministerial, por lo que prefiere no meterse en líos en el tiempo que le queda de ministra (probablemente poco más de un mes). Y en cuanto a Rato, la preservación de su candidatura a la sucesión de Aznar depende en gran parte de que don Jesús no desentierre de nuevo la trama de sus negocios familiares, cuya relación con el escándalo de Gescartera –real o probablemente ficticia– no quedó suficientemente aclarada.

La contundencia –o, mejor dicho, la prepotencia– que Rodrigo Rato demostró oponiéndose a otras operaciones empresariales que, supuestamente, perjudicaban gravemente el grado de competencia –véase el caso de las eléctricas–, no ha salido a relucir cuando se trata de los intereses de Polanco. Aún no se ha pronunciado en el caso de la fusión de las plataformas digitales, tampoco ha movido ni un dedo en lo tocante a Localia TV –en abierta ilegalidad, que dura ya dos años–, y mantiene en el más absoluto secreto –para no “perjudicar a Prisa”– el proceso de desinversión que Polanco deberá acometer con las 79 emisoras de Antena 3. La soberbia para con los débiles y la humildad para con los poderosos al margen de las consideraciones de la Ley, tiene un calificativo muy claro: y no es, precisamente el de “estado de derecho”...

• Compartir
• Tuitear
• Enviar
• Enviar