La reacción del Gobierno ha sido rápida y adecuada. El Ejecutivo de José María Aznar ha actuado con la celeridad que requería la ocasión. En este sentido, el presidente del Gobierno ha querido lanzar el mensaje de que no va a quedarse quieto a la espera de que se precipiten los acontecimientos. Después del último atentado de la banda terrorista ETA en Santa Pola, el Gobierno ha decidido poner en marcha la maquinaria puesta a punto con la reciente reforma de la Ley de Partidos Políticos. El mecanismo se ha puesto en marcha e inmediatamente se han iniciado todos los preparativos necesarios para que la ilegalización de Batasuna se convierta en una posibilidad real.
Con los resortes técnicos y judiciales en funcionamiento –todos ellos imprescindibles para que esa ilegalización sea una realidad– ahora es necesario un trabajo de auténtica orfebrería política. El Gobierno ha actuado correctamente, reaccionando como ha reaccionado; pero ahora es preciso conseguir un alto nivel de consenso entre las fuerzas democráticas "razonables", es decir, Partido Popular, Partido Socialista, Convergencia y Coalición Canaria. Un trabajo que deberán realizar con discreción pero con eficacia, para que desde todas estas formaciones se apoye sin fisuras una de las decisiones más importantes de la historia de la democracia española. El consenso es, pues, uno de los requisitos más convenientes para esta ilegalización. Una posible imagen de desacuerdos entre los partidos políticos citados sería un precedente triste y de efectos muy nocivos para la lucha contra el entorno del terrorismo. En todo caso, lo absolutamente imprescindible es que populares y socialistas caminen de la mano en este largo trayecto que se nos presenta, y que eviten hacer públicas posibles diferencias de planteamiento.
De todas formas, la iniciativa del Gobierno ya ha provocado un primer efecto: la aparición pública de los complejos y las actitudes, ya conocidos, del nacionalismo vasco y de Izquierda Unida. Las formaciones políticas que conforman el Ejecutivo vasco, con su negativa y sus críticas al proceso de ilegalización de Batasuna, están quedando, una vez más, en evidencia. Su actitud mezquina y rastrera cuando todavía están calientes los cadáveres del atentado de Santa Pola es una señal más de su complicidad política con Batasuna, permitiendo y alentando el ambiente de inestabilidad real y social que se vive en el País Vasco. Los nervios, los ataques furibundos al Gobierno y las reacciones que estamos oyendo son una señal clara de que la posible ilegalización de Batasuna desmontaría una estrategia común diseñada junto al nacionalismo vasco.
Con el proceso puesto en marcha, sin perder de vista la necesidad de consenso, con la evidencia de los nervios nacionalistas, el Gobierno deberá actuar ahora con prudencia. Todo indica que el Ejecutivo actuará recabando todos los datos, cimentando correctamente la petición de ilegalizacion y sabiendo que una vez que la maquinaria está en marcha lo importante es que todos los pasos se den en el momento adecuado. La eficacia, la claridad, la contundencia en la respuesta son siempre compatibles con la prudencia política, que nunca se puede confundir con una actitud timorata. El Gobierno ha comenzado con buen pie este proceso. Un proceso que será largo y que se ha convertido en algo prioritario para la vida democrática española.
La maquinaria está en marcha
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