Las relaciones franco-españolas atraviesan desde hace algunos meses una mala racha, a causa principalmente del extraño comportamiento del presidente Chirac y su gobierno (nunca mejor dicho porque es “suyo”: él lo nombró y él lo dirige, el primer ministro actúa de coordinador) en la crisis de Perejil y, antes, en la Cumbre europea de Sevilla, cuando boicoteó el proyecto de política migratoria común para halagar a su protegido, el rey Mohamed VI.
Para arreglar el desaguisado actual, la próxima semana llegará a Madrid el nuevo embajador galo, Olivier Schrameck, un personaje polémico que fue durante cuatro años jefe de gabinete del primer ministro socialista, Lionel Jospin. Antes de ser propuesto como embajador en Madrid, Chirac intentó “colarlo” en Roma pero el gobierno de Berlusconi no dio el “placet”. Aznar ha sido más comprensivo.
El 26 de noviembre próximo se celebrará en Málaga una Cumbre hispano-francesa en la que deberían resolverse los malentendidos actuales, aunque la parte francesa ha reducido al mínimo la reunión. Para preparar la cumbre, se trasladaron a Madrid los ministros de Exteriores, Justicia y Transportes a los que la ministra Ana Palacio dio de cenar en el Palacio de Viana. Previamente, los tres ministros franceses y sus homólogos españoles elaboraron un “menú” de la cumbre, en la que los temas de terrorismo, emigración y comunicaciones transfronterizas (AVE o TGV) serán prioritarios.
Pero previamente trataron de un asunto que para el gobierno francés tiene gran importancia: la entrega o extradición de Patrick Henry, un individuo condenado en 1977 a muerte por el asesinato y violación de un niño y que cumplió veinticinco años de cárcel hasta que fue liberado “por buena conducta”. El juicio y condena de Henry conmovió entonces a la opinión pública y ahora ha sucedido lo mismo porque el criminal, en libertad condicional, huyó de Francia y fue detenido en Valencia hace días con 10 kilos de hachís.
Para el gobierno francés constituye una prioridad que España entregue a Henry y lo haga por procedimiento de urgencia, no mediante un proceso de extradición, que suele ser lento. Hay una fórmula para lograr la entrega inmediata: que la justicia española renuncie a juzgar al delincuente encarcelado por tráfico de drogas y, cumpliendo con el llamado “Acuerdo de Perpiñán” lo envíe a Francia. Y es aquí donde los franceses dudan, porque si aceptan el procedimiento urgente de entrega, deberán aplicarlo por simple reciprocidad a los etarras que son detenidos en territorio galo antes de ser juzgados.
El gobierno español tiene en sus manos una excelente ocasión para lograr algo por lo que viene luchando hace años: la entrega automática de los terroristas sin que medie juicio, condena y cumplimiento de pena en Francia. Y Chirac deberá decidir si prefiere un éxito mediático (la opinión pública reclama que Henry sea encarcelado lo antes posible) o cumplir con un país vecino y amigo en un asunto tan delicado como la cooperación antiterrorista. Atentos, pues, a los próximos días.
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