UE: Una ampliación prematura

Los economistas clásicos mostraron con claridad meridiana los beneficios del libre comercio internacional y de la supresión de los aranceles para todos los países que lo practicaran, incluidos aquellos peor dotados en recursos naturales, capital o tecnología. Paralelamente, el libre comercio es quizá el mejor instrumento integrador y de intercambio cultural entre las naciones, que a través de las relaciones comerciales aprenden a desechar recelos y prejuicios, a conocerse y a apreciarse mejor y, en definitiva, a establecer vínculos de dependencia mutua que llegan a hacer inconcebible la guerra. Quizá el principal mérito de la Unión Europea ha sido precisamente que, a través de los lazos comerciales, ha hecho inconcebible la guerra entre sus miembros, que después de siglos de devastadoras contiendas que a punto estuvieron de destruir la civilización, finalmente han comprendido que la prosperidad del vecino no sólo no les perjudica, sino que les beneficia enormemente.

No cabe duda de que el primer paso para ayudar a los países de Europa Central y Oriental a superar las secuelas del comunismo es establecer con ellos relaciones de libre comercio que les permitan desarrollar plenamente sus capacidades productivas en un marco político y jurídico homologable al que comparten los miembros de la Unión Europea, de tal forma que puedan recibir los flujos financieros y tecnológicos que necesitan para su despegue económico. Gran parte de esto ya se ha llevado a cabo con los acuerdos preferenciales que la Unión Europea impulsó después de la caída del muro de Berlín, y los resultados son altamente satisfactorios, pues la media de crecimiento económico de los países –Chequia, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Eslovenia– cuyo ingreso en la UE ratificarán el próximo fin de semana los jefes de Estado y de Gobierno casi triplica la media europea.

La integración de estos países en la Unión Europea –los cuales alcanzarán plenitud de derechos el 1 de mayo de 2004– sería un cúmulo de ventajas para ambas partes si no fuera por los tres grandes escollos con los que ha venido tropezando el proyecto de una Europa unificada: la política agrícola comunitaria (que absorbe el 50% del presupuesto de la UE), la política de defensa común (por ahora inexistente) y la futura estructura política e institucional de la Unión, la cual aún se encuentra en proceso de estudio y elaboración bajo la dirección de Giscard.

Hubiera sido más sensato, como han advertido muchas voces autorizadas, dar una solución definitiva a estos problemas antes de acometer una nueva ampliación que elevará a 25 el número de los estados miembros, algo que complicará enormemente la toma de decisiones y de acuerdos en una Europa que, quiérase o no, está muy lejos de poseer la homogeneidad política, económica y cultural de los EEUU. Países como Polonia (el más grande en extensión y población de todos los candidatos y el principal obstáculo a la conclusión de las negociaciones) no han disimulado su intención de formar parte de esa red de ineficiencia e intereses creados en que se ha convertido la distribución de subvenciones a la agricultura y los famosos fondos de cohesión, cuyo coste conjunto supondrá más de 40.000 millones de euros (6,7 billones de pesetas) para las arcas comunitarias sólo en el periodo 2004-2006.

Y a todo esto, hay que añadir la cuestión de la moneda única y de su inevitable corolario, la política monetaria única. Ya en el grupo de los quince puede verse con toda claridad que un tipo de interés común presenta graves inconvenientes, pues las economías del euro aún están muy lejos de la plena integración. Mientras que Alemania y Francia claman por un dinero más barato, España e Irlanda se esfuerzan por combatir la incipiente inflación causada por el exceso de crédito. Encontrar un tipo de interés satisfactorio para economías tan heterogéneas como la alemana o la polaca puede revelarse como una tarea imposible, sin olvidar los drásticos ajustes que tendrán que sufrir las economías de los nuevos países miembros para adaptarse a una divisa “dura” como el euro, para los que ya no tendrán a su disposición los tipos de interés y los de cambio.

Portugal, y especialmente España, que partían de una situación comparativamente mucho mejor de la que parten los países candidatos, ya eran economías plenamente homologables con las europeas al menos quince años antes de su ingreso, durante los que disfrutaron de acuerdos preferenciales muy ventajosos con la antigua CEE. Probablemente hubiera sido más sensato y más conveniente, tanto para los quince como para los candidatos al ingreso, prolongar durante unos años más esa unión aduanera para dar tiempo al acercamiento económico, político e institucional. Es difícil superar más de cuarenta años de comunismo en apenas una década, y apresurar una integración –que no sólo es económica, sino también política– cuando aún quedan por resolver en el seno de la UE cuestiones capitales, pueden comprometer el desarrollo y la viabilidad futura de la Unión. Sobre todo cuando países como Turquía, cuyos estándares políticos, culturales, económicos y geográficos caen –quiérase o no– fuera de las coordenadas europeas, llaman insistentemente a las puertas del edén comunitario apoyados por EEUU, que no concibe que uno de los principales miembros de la OTAN y su gran aliado geoestratégico pueda estar fuera de una UE ampliada.

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