La insurrección legal

Existen dos vías para inventar una nación por fragmentación de otra. Dos sólo. La que recorre las instancias legales de autodestrucción de la nación preexistente y la que resulta del desenlace de una guerra. De esta segunda hay, a su vez, dos variantes: que la desmembración provenga de una guerra perdida ante contrincantes exteriores (el paradigma sería, en la Europa del siglo XX, la desmembración del Imperio Austro-Húngaro tras la guerra del 14), o que sea el resultado de una insurrección local triunfante (la República de Irlanda es, probablemente, el único caso claro).

La turbiedad del proyecto secesionista del PNV viene precisamente de su calculadísimo juego de indefiniciones y ambigüedades en cuanto a la peculiaridad secesionista propuesta. Y del efecto de parálisis con que espera gravar la inevitable respuesta del Estado.

Al cabo de cuarenta años de armamentismo cada vez más delirante, ETA es, de facto, un residuo casi arqueológico. Políticamente, su momento actual es el más crítico de su historia. No porque haya perdido capacidad ofensiva, aunque eso pese. El verdadero problema para ETA es otro: el PNV le ha arrebatado por completo reivindicaciones, programa y mitologías.

Ha sido un éxito espectacular de Arzallus e Ibarreche. El problema, para ellos, empieza ahora: ¿cómo administrar, bajo una tradición tan inequívocamente reaccionaria cuanto lo es la sabiniana, la alucinada retórica castrista en la cual se ha ido enrocando la agónica izquierda abertzale? Sólo hay un modo: mediante la absoluta equivocidad de las consignas. El proyecto de constitución independentista de Ibarreche es la consagración de esa retórica, sin cuya ambigüedad, el abismo se abriría ante los pies del PNV.

La ficción cristaliza en la fórmula que promete una modificación constitucional mediante consulta al pueblo vasco. Ni siquiera Ibarreche es tan tosco como para ignorar que una modificación constitucional requiere, sí, un referéndum; pero que este referéndum sólo puede legalmente ser propuesto al sujeto de la Constitución actualmente existente, la de 1978; y que, por supuesto, la global decisión del electorado español así convocado –tras los complejos trámites parlamentarios que el texto constitucional fija inequívocamente– sería condición ineludible para abrir paso a cualquier consulta específicamente vasca.

La convocatoria de un referéndum vasco con capacidad decisoria acerca de la estructura constitucional del país vasco es –sin equívoco posible– un acto insurreccional. Y, en la medida, en que capitaneado por una parte del Estado español (eso es, lo quiera o no, la administración autónoma vasca), un golpe de Estado.

Una nación se inventa, a fin de cuentas, con las leyes en la mano o con las armas en la mano. No hay vías mixtas. Por más que Arzallus e Ibarreche quieran fingir eso que saben imposible: la insurrección legal.

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