El Gobierno sitúa en Madrid, Baleares, Canarias, Valencia y Málaga los bastiones del crimen organizado en España. Juan Fernando López Aguilar dijo el pasado 27 de diciembre al diario La Provincia que la actividad mafiosa es “preocupante” en estos territorios, que tienen en común el hecho de que en ninguno gobierna el PSOE y en todos gobierna el PP, en solitario o en coalición. Según el ministro de Justicia, ha aumentado en ellos una criminalidad organizada que produce “cantidades ingentes de dinero negro, fundamentalmente hacia la actividad urbanística” y tiene “consecuencias sobre el control de regularidad del comportamiento de los poderes públicos”.
Éstas y otras conclusiones sumarias sobre la seguridad del sistema allí donde no gobiernan los socialistas justifican, para el ministro, la apertura de delegaciones de la Fiscalía Anticorrupción en cinco capitales de provincia en las que, o bien el PP gobierna con estabilidad (Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Málaga, Valencia), o bien el PSOE es una fuerza residual (Santa Cruz de Tenerife). Ninguna de las nuevas sucursales antimafia se abrirá, por ejemplo, en San Sebastián, Sevilla, Zaragoza, Cáceres o Avilés. Tampoco la crisis del 3% altera el mapa oficial de la corrupción. Las iniciativas de Manos Limpias y de una Asociación de Músicos de Sabadell para que se investigue la financiación de CiU y PSC tienen que tramitarse en Madrid, al quedar Cataluña fuera del plan de cercanía de la Fiscalía Anticorrupción. El principio rector de esta política de atención al cliente es: “al amigo, vaselina; al enemigo, un fiscal”.
En Canarias, el nombramiento de Luis del Río como nuevo Fiscal Anticorrupción ha provocado la protesta de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en esta Carrera. Denuncian que el Consejo Fiscal propuso por mayoría a otro candidato, situado, en el ránking de méritos objetivos de la Carrera Fiscal, más de 800 puestos por delante de Del Río. Pero el Fiscal General del Estado desoyó el dictamen no vinculante del Consejo e impuso a este asociado de la Unión Progresista de Fiscales como nuevo Teniente Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y Fiscal delegado Anticorrupción en Las Palmas.
En sus dos primeras semanas, la delegación isleña de la Fiscalía Anticorrupción ha tramitado diez denuncias, casi todas presentadas por organizaciones ecologistas y de izquierdas, contra políticos de CC y PP, y contra empresarios que han contratado con ayuntamientos gobernados por estas fuerzas políticas.
Con todo, la denuncia más grave sobre corrupción es la del Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Carlos Mauricio, que el pasado 14 de mayo apuntó a una supuesta trama de extorsión a políticos y empresarios liderada por el antiguo consejero socialista de Política Territorial del Gobierno de Canarias, José Francisco Henríquez, y retó al ministro de Justicia a aclarar su relación con ese grupo. Un quintal de vaselina ha caído sobre esta acusación, tan grave como la que Maragall hizo en el Parlamento catalán contra CiU. El nuevo Fiscal Anticorrupción ni siquiera la tiene en su agenda, a pesar de que resolverla sería relativamente sencillo: o el Consejero canario mintió, –como le acusa, en una querella, el antiguo alto cargo socialista señalado por Mauricio–, o dijo la verdad. En el primer caso, Mauricio debería pagar; en el segundo, el Fiscal debería investigar hasta el final.
