Mariano Rayón era el 11 de marzo de 2004 un alto cargo de la Policía Nacional y el máximo experto en terrorismo islámico dentro de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE). Meses después fue enviado a la embajada de España en Roma como agregado de interior. Jorge Dezcallar en esa misma fecha fungía como director del Centro Nacional de Inteligencia. Tras su cese fue nombrado embajador en la Santa Sede, una de las legaciones más atractivas y apetitosas para los diplomáticos de carrera. Pedro Laguna, alto mando de la Guardia Civil asturiana con rango de coronel hasta que, poco después de que Zapatero llegase al poder, fue promocionado al generalato de la mano de José Bono. Juan Carretero, actual jefe superior de la Policía Nacional en Asturias puede ser en breve trasladado a la embajada de Lisboa como responsable de seguridad.
¿Qué tienen en común estos cuatro ex altos cargos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI? Los cuatro desempeñaron importantes papeles antes del 11-M. Los cuatro hicieron méritos suficientes para ser removidos de sus cargos o sometidos a una pormenorizada investigación. Los cuatro, sin embargo, han sido premiados por el actual Gobierno con atractivos destinos consulares o con ascensos. Mariano Rayón, como responsable de la UCIE no fue reprobado por no ver lo que un grupo de islamistas estaban tramando desde, al menos, el año 2001. Muy al contrario. El Gobierno le regaló una apreciadísima agregaduría en Roma. Jorge Dezcallar, cuya gestión al frente de los servicios de Inteligencia fue, simplemente, deplorable, no fue apartado y, acto seguido, investigado sino honrado con una embajada de postín. El entonces Coronel Laguna ocultó deliberadamente en un cajón un informe que le había remitido la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita sobre la trama de la dinamita que hizo estallar las mochilas de Atocha. En lugar de ser objeto de una concienzuda investigación fue recompensado con un ascenso a General. El último de esta selecta lista, Juan Carretero, era algo más que el jefe de la Policía en Asturias. Fue superior y protector de Manuel García Rodríguez, alias Manolón, cuyos confidentes fueron los que proporcionaron los explosivos a los terroristas.
Si no fuese porque sobre el 11-M hay, a estas alturas, muchas más zonas oscuras que claras lo expuesto arriba sería meramente anecdótico. Pero no es así. Cuanto más crecen en número los interrogantes sobre la trama criminal que atentó en Madrid y sobre sus necesarios colaboradores e instigadores, menos comprensibles son las señales que el Gobierno envía a la opinión pública. Al cierre en falso de la comisión auspiciado por el PSOE con conclusiones idénticas a las de partida, le sigue de cerca estos ascensos, mejoras y promociones profesionales entre unos altos cargos que poco o nada son merecedores de semejantes canonjías. ¿Qué pretende el Gobierno? ¿Acaso seguir enmarañando hasta el infinito un trágico suceso sobre el que algunos pretenden pasar página? ¿Por qué mira hacia otro lado ante casos tan sangrantes como el del policía Kalaji y, a la vez, recompensa a los que fracasaron en su cometido durante los días, los meses y los años previos a la matanza?
El diputado popular y portavoz en la comisión del 11-M, Jaime Ignacio del Burgo, lo ponía la semana pasada negro sobre blanco. Todos, absolutamente todos los implicados en la masacre estaban, a 10 de marzo, siendo investigados por la policía o eran confidentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. La hipótesis de la conspiración interna cobra fuerza y, aunque el Gobierno siga persuadido de que la gente ya sabe todo lo que tiene que saber, el hecho irrefutable es que la investigación judicial y periodística de los atentados es un continuo suma y sigue. El rompecabezas inicial está empezando a tomar forma y, más tarde o más temprano, la verdad de lo que ocurrió antes, durante y después del peor atentado terrorista de nuestra historia terminará por saberse. Hoy se conoce mucho más que hace tres meses y, probablemente, mucho menos que dentro de otros tres. La Comisión parlamentaria debe reabrirse lo antes posible. Sus conclusiones han quedado invalidadas tras los hallazgos del verano por lo que el documento final de cierre que el PSOE y sus socios presentaron en el Parlamento es un insulto en la cara a toda la ciudadanía.
