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Pedro Schwartz

Los límites de la educación pública

En aras de la libertad individual habría que privatizar todos los centros de enseñanza, como se ha hecho con el acero o las líneas aéreas

Para John Stuart Mill era un axioma casi evidente que el Estado tenía la obligación de exigir e imponer un nivel mínimo de educación para cuantos hubiesen nacido a la ciudadanía en su seno. Consideraba una obligación exigible de los padres el que preparasen debidamente al nuevo ser que hubieran traído al mundo, para desempeñar su papel en la vida, para sí y para el resto de la sociedad. Pero no en vano presentó esa exigencia en su ensayo “Sobre la libertad” (1859): sería el primero en deplorar, añadió, que toda la educación o una gran parte de ella estuviera en manos del Estado. “Una educación pública general no es sino un instrumento para moldear a la gente a gusto del poder predominante en el gobierno”.
 
Los establecimientos de educación creados y controlados por el Estado deberían reducirse a ser experimentos educativos para estímulo y ejemplo de sus competidores privados. Una cosa es exigir a las familias que den a sus hijos un mínimo nivel de educación y otra muy distinta es crear un sistema educativo público predominante.
 
En España hoy, tanto la Administración central como la autonómica dictan la mayor parte del contenido de los estudios en todos los niveles e incluso imponen el idioma en el que se ha de impartir la enseñanza. La educación obligatoria se ofrece sobre todo a través de institutos públicos o de centros concertados sometidos a un férreo control administrativo, hasta llegar a la censura de los libros de texto escolares.
 
Los centros privados enseñan en lo fundamental lo mismo que los institutos; sus profesores reciben su remuneración, no del colegio, sino de la Hacienda autonómica y sus plazas se reparten por un sistema de puntos cuasi-soviético, que prima la cercanía del domicilio y el puesto de trabajo, y la escasez de medios de los padres. Han dejado de ser establecimientos privados para convertirse en concesiones o estancos educativos. En la enseñanza superior, las Universidades públicas reciben una financiación de las Autonomías que las privilegia frente a las privadas: No contentas con esto, las Autoridades deciden el contenido de los títulos oficiales que permiten el ejercicio de las profesiones, como la medicina, el derecho, las ingenierías y relegan el resto de las enseñanzas a ser meros títulos propios. Además, para que esos títulos oficiales valgan en toda la UE, se va a imponer un patrón europeo de estudios universitarios definido en Bolonia.
 
No sé cómo hay buenas Universidades en Estados Unidos sin el debido control público. So pretexto de fomentar la igualdad de oportunidades, nuestras diversas Autoridades utilizan pues el dinero público y su potestad reguladora para moldear las mentes de los jóvenes. En aras de la libertad individual habría que privatizar todos los centros de enseñanza, como se ha hecho con el acero o las líneas aéreas. Para que mis lectores no se asusten, me contentaré con proponer una reforma más modesta: que la financiación pública a la enseñanza se entregue a las familias y los alumnos en forma de un bono que puedan gastar en el establecimiento de su elección, sea público, concertado o privado de verdad.

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