El presidente del Gobierno ha vuelto a ofrecer resignación ante la avalancha de inmigrantes irregulares que invade Canarias, una crisis humanitaria sin precedentes que José Luis Rodríguez Zapatero ha despachado con la obviedad solemne de que se trata de "un fenómeno difícil". Bronceado y sonriente, Rodríguez Zapatero reapareció este fin de semana en un mitin pre-electoral, para decirle a los isleños que está orgulloso de ellos por su paciencia y solidaridad, pero que no tiene una solución para el desafío social más importante que los españoles tienen ante sí.
Las iniciativas anunciadas en reiteradas ocasiones, durante los últimos meses, han resultado ser un fraude. Los viajes diplomáticos, los planes de seguridad, los convenios de repatriación, la ayuda de la UE: se ha entretenido a la población en expectativas que el Gobierno sabía que no cumpliría, para desembocar en una inaudita declaración de impotencia como la que el José Luis Rodríguez Zapatero formuló el pasado sábado: "Estamos ante un fenómeno difícil cuya solución llevará tiempo".
Las consecuencias de la política de Extranjería de este Gobierno han sido devastadoras. El PSOE ha caído en una perversa inversión de prioridades para suministrar una coartada al fracaso estrepitoso del ministro Caldera y del presidente Zapatero. Los efectos de la regularización masiva y extraordinaria de inmigrantes irregulares lo estamos viendo todos los días, con la llegada constante de pateras. No han caído del cielo, las ha llamado este Gobierno con su irresponsable, unilateral y temerario reparto de permisos de trabajo y de residencia. No sólo ha despertado la imaginación de las mafias para fletar expediciones cada vez mayores y capaces de llegar más lejos, sino que ni siquiera ha conseguido dejar el contador a cero de los inmigrantes que viven ilegalmente en España. Ya hay 1,3 millones más, un año después del proceso de regularización, según revela entre líneas la última estadística de población del INE.
Por si fuera poco, anuncios como el del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que en junio reveló que el Gobierno está estudiando la viabilidad de que los inmigrantes que queden en libertad después del plazo de retención reciban un permiso de trabajo, o alardes de humanitarismo como el de los barcos españoles al rescate de pateras, que transmiten a las mafias el mensaje de que España acudirá en ayuda de sus expediciones en peligro, no hacen sino agravar una presión que ya era extrema.
Ante este cúmulo de errores, ¿qué tiene que pasar en España para que un ministro de Rodríguez Zapatero dimita? No lo hizo José Montilla cuando se descubrió lo del crédito del PSC condonado por La Caixa, no lo ha hecho Cristina Narbona por la catástrofe incendiaria de Galicia, y no parece que vaya a hacerlo tampoco Jesús Caldera, artífice de la regularización masiva que está en el origen de esta avalancha, y hoy desaparecido del escenario de la crisis.
Las renovadas promesas de Zapatero en las Islas difícilmente conseguirán convencer a nadie más. El presidente ha agotado todo su crédito, particularmente en el desafío de la inmigración irregular. Viajes para la galería, como el que emprenden Rubalcaba a Senegal, y María Teresa Fernández de La Vega a Finlandia, no aliviarán el escepticismo y la indignación que siente una gran parte de la población ante el abandono y la burla a la que está siendo sometida por un Gobierno que promete respuestas y no responde a las expectativas, que pregona y no sabe callar, que presume y carece, que complica, en vez de resolver.
