El generalizado atraso económico y social de toda América Latina es objeto de constantes comentarios en los medios y de profundos estudios por diversas entidades. Los temas analizados suelen ser la pobreza, la violencia, la corrupción, el clientelismo y las diferencias de ingresos y riqueza. Se sugieren ingeniosas soluciones a cada problema y, en consecuencia, se promulgan más leyes, se establecen más controles y se aumentan las penalidades. Se buscan chivos expiatorios con intenciones siniestras, como si los males fuesen deliberadamente causados, olvidando que a nadie le interesa el atraso económico de su país. Lo sorprendente es que tras tantos estudios y análisis, a lo largo de muchos años, la pobreza persiste y no se evidencia ningún intento de reconsiderar las premisas. Cualquier sugerencia en ese sentido se suele contemplar como una impertinente intromisión en el feudo de los analistas.
Lo curioso es que casi todas las soluciones aportadas basan su efectividad en ser instrumentadas por personas capaces y honradas, con buenas intenciones y con espíritu de colaboración. No se reconoce que lo que no funciona es el sistema mismo, debido a defectos inherentes, por lo que el verdadero remedio no es esperar a la persona ideal, capaz y honrada que resolverá los problemas, sino establecer un genuino régimen de derecho, en lugar de más y más leyes y regulaciones.
El punto clave es que no es lo mismo un régimen de derecho que uno de simple legalidad y que muchas de las leyes vigentes violan principios de derecho.
El principal derecho de cada persona es su libertad. Es decir, cada uno es dueño de su propia persona y de sus cosas, teniendo el derecho a contraer obligaciones, hacer compromisos de intercambios con otros, expresar sus opiniones, escoger dónde vivir, qué estudiar y con quién asociarse; todo ello con el único límite que impone el respeto de los mismos derechos a todos los demás. Se violan esos derechos cuando se recurre a amenazar y a engañar, al fraude y a la violencia.
Debido a que la legislación vigente subordina nuestros derechos fundamentales a lo que en cada momento se considera de "interés social", no vivimos bajo un verdadero régimen de derecho. Por ejemplo, a menudo oímos decir que el interés general debe privar sobre el particular. En lo que a intereses se refiere es cierto que así debe ser, pero es muy distinto pretender que el interés general prive sobre el derecho individual porque entonces no tendremos derechos sino apenas un permiso para disponer de nuestras personas, cosas y compromisos, cuando ello no se considere contrario al interés social.
Todo esto puede parecer un mero ejercicio académico, ajeno a la cultura económica dominante, pero mientras no nos demos cuenta de que a menudo se lesionan los derechos individuales, los graves problemas de América Latina perdurarán.
La violencia disminuye con un Poder Judicial con suficientes recursos para dar certeza de castigo al criminal. Y la pobreza disminuye cuando se reconoce que el único sistema económico que funciona es aquel donde no se subordinan los derechos individuales a la conveniencia social del momento. Tampoco sería un mundo perfecto, pero sí uno mucho más próspero, pacífico y feliz.
