El único modo realista de conocer los poderes de cada cual en las nuevas relaciones entre socialistas y nacionalistas vascos es analizar cuántos votos tenía y cuántos tiene cada cual. La retórica de Aberri Eguna puede llamar a engaño, pero las relaciones se basan en el poder más allá de soflamas y frases inspiradas. ¿Qué quieren que les digan el presidente del PNV y el lehendakari a sus seguidores en el "Día de la Patria Vasca"? ¿Qué se han estrellado electoralmente? ¿Qué el PSE tiene muchas cartas para ganarles en las próximas autonómicas?
El "paso de gigante" que Urkullu quiere dar a través de un acuerdo con el PSE –y que logrará– es un nuevo estatuto, ni más ni menos. Las posibilidades de que la reforma complazca a la mayor parte del PNV son las mismas que existen de que el Tribunal Constitucional salve la mayor parte del estatuto catalán, convertido de este modo en modelo a imitar por las llamadas "nacionalidades históricas" y, enseguida, por las otras (incluyendo aquellas gobernadas por el PP y aquejadas del mal centrífugo conocido como "cláusula Camps").
Es pues la dinámica de siempre, sólo que a niveles más ambiciosos de competencias. La dinámica a la que ha empujado la explosiva combinación histórica de un diseño defectuoso del Título VIII –que esboza un modelo autonómico donde las transferencias no tienen fin– más la formación de castas políticas locales ajenas a la lógica del interés común y carentes de cualquier sentido de nación lejanamente parecido al que aún mantiene el PP en su discurso general: la España de los ciudadanos libres e iguales en derechos.
Obsérvese que esa dinámica despliega sus efectos a lo largo de varias décadas (no de cuatro, ocho o doce años) y, por lo tanto, atañe administrarla desde el Gobierno central a los dos grandes partidos. Sería un error dar por hecho que en los turnos del PP la dinámica se ha sujetado, atenuado o detenido. Todo lo contrario. La diferencia es otra, de tipo intencional: los gobiernos populares del 96 al 2004 siguieron la misma lógica con el fin de cerrar el proceso autonómico.
Los resultados están a la vista: el nuevo estatuto catalán se promovió contra el PP, en su segundo mandato, y ni siquiera su posterior consecución (con todas sus bilateralidades, quiebras del poder judicial, insolidaridades territoriales y definiciones nacionales) aplacó un ápice la dinámica centrífuga. Los nacionalistas de CiU lo consideraron un paso más en su larga marcha (no digamos los de ERC), y empezaron a hablar del derecho a decidir. Hoy están divididos en dos grandes grupos: los soberanistas de Mas y la nueva corriente independentista recién nacida tras el 9-M.
