Nuestra izquierda detenta varios monopolios. Uno consiste en expedir el carné de demócrata. Para que jamás a nadie se le ocurra discutir ese privilegio suyo, monopoliza también el reparto de la oprobiosa cédula de fascista. Ese comercio significa que es “fascista el que no bote” al son de la charanga socialista. Cospedal, al tachar de “muy fascista” la conducta de Montilla por su abierto desprecio al Estado de Derecho, ha levantado ampollas en tan sensible epidermis. A nosotros nos van a decir, claman desde Ferraz y la plaza Sant Jaume, quién es fascista y quién no. A falta de otros conocimientos, los socialistas de hogaño llevan bien aprendido ese elemental saber.
La ocasión ha servido para que el PSOE acuse de fascista al Partido Popular con especial mención a Esperanza Aguirre, que es su bestia negra favorita. Pero la acusación siempre está ahí. La gauche española vive del chollo de colgarle la etiqueta de fascista a la derecha, lo que le permite proclamar que sólo hay democracia cuando gobierna ella. La dicotomía fascismo o democracia se fraguó en el agit-prop comunista, cuando convino a los soviéticos la máscara de defensores de la despreciable democracia burguesa. Así se fijaría en el ideario dominante la noción de que el fascismo era el epítome del Mal, hábil maniobra que exoneraba al comunismo.
La derecha, reacia al esfuerzo de contravenir los dogmas de sus adversarios, ha aceptado jugar en su campo ideológico. De ahí que no se le ocurra otro epíteto que el de fascista para calificar la insurrección de Montilla. Pues no, señora Cospedal. Montilla no es fascista, sino catalanista y es por su condición de nacionalista que incurre en comportamientos incompatibles con la democracia liberal. Todos ellos, los del PSC, los republicanos de izquierda, los verdirrojos, los de Convergencia, colocan a su ficticia “nación” por encima de las instituciones, principios y normas del Estado democrático. No son fascistas: son nacionalistas. Devuelvan de una vez su significado a las palabras.