El maltrato a unos españoles que fueron a manifestarse contra Marruecos en El Aaiún nos lleva, de nuevo, a las aguas del activismo sin fronteras. Del antiguo peregrino político hemos pasado, circunstancias obligan, al nuevo activista global. El primero, tal como documenta Paul Hollander en su clásico Peregrinos políticos, iba a confirmar y celebrar la existencia del Paraíso; el socialista, naturalmente. El activista viajero de hoy va a demostrar la existencia del Infierno. Le resulta muy fácil. Se expone, por no decir que se dirige, a que le expulsen, le detengan y, en algunos casos, le zurren. Una vez que le han arrestado o pegado ya tiene el trabajo hecho. Es víctima y la víctima siempre tiene razón. Siempre que esté, huelga decir, del lado políticamente correcto. Sin embargo, ese lado tiene sus zonas oscuras y en una de ellas han caído los prosaharauis en cuestión. Así, se ha dado la paradoja de que un grupo en la órbita de la extrema izquierda haya contado con el entusiasta apoyo de la derecha, y no con el de su Gobierno.
Mi simpatía por este turismo político en boga es, desde luego, muy limitada. Y entiendo que, si uno va a montar bronca, no ha de quejarse de los resultados: son exactamente los que se buscaban. Pero mi tolerancia con la doble vara de medir es todavía más reducida. El Gobierno socialista se ha distinguido por hacer causa común con activistas que se han dedicado a provocar incidentes y recibieron lo previsible. Nada le ha importado, hasta ahora, que la tal acción fuera ilegal. Cuando un directivo de Greenpeace España fue detenido en Copenhague por irrumpir en un banquete oficial, el PSOE mantuvo que los hechos no eran "estrictamente delictivos"; Moratinos presionó cuanto pudo para torcer la decisión de la Justicia danesa; y el Gobierno estaba indignado porque el ecologista hubiera de codearse con los "presos comunes", ¡uf!, como si López de Uralde fuera un preso ¿político?
Claro que Dinamarca no es Marruecos. No comparemos. Como tampoco lo es Israel. De ahí que, en el caso de los agredidos en el Sahara, no tengamos enérgicas condenas, exigencia de responsabilidades y convocatorias al embajador, tal como ocurrió tras la operación israelí contra la flotilla –de activistas– que quiso romper el embargo de Gaza. Tomen nota, pues, los interesados. El Gobierno les respaldará incondicionalmente siempre y cuando hostiguen a un Estado de Derecho y en él se salten la ley.