Es necesario ser muy ingenuo para no ver al brazo político de la ETA, cuando no a la misma banda terrorista, detrás de una manifestación convocada para denunciar la supuesta vulneración de derechos humanos de que son objeto los asesinos de esta organización, encarcelados en virtud de las condenas previstas en nuestro Estado de Derecho.
El juez Pedraz, al que no cabe acusar de bisoñez en cuestiones relacionadas con el terrorismo y sus distintas ramificaciones, ha autorizado la manifestación convocada por representantes del mundo batasuno a pesar de las peticiones formuladas por las asociaciones de víctimas del terrorismo y los informes de la Guardia Civil en contrario. El requerimiento a la policía vasca de que vigile el desarrollo de la manifestación por si se produjera algún delito durante la misma, cláusula habitual en las autorizaciones de este tipo emitidas por la Audiencia Nacional, no deja de tener un cierto toque de sarcasmo, no por reiterativo menos doloroso para las víctimas de los que aparecen revindicados con estos actos.
Y es que desde la personalidad de los convocantes hasta los lemas coreados, pasando por las declaraciones de todo tipo vertidas para dar notoriedad al acto público, asistimos a una sucesión de hechos que necesariamente han de constituir en su conjunto una humillación para los familiares de los asesinados por la banda terrorista.
La asistencia en número importante a esta última manifestación exigiendo el acercamiento de los presos etarras al País Vasco no otorga legitimidad a esta pretensión, por más que el mundo nacionalista pretenda hacer ver lo contrario. La dispersión de los terroristas encarcelados, acordada por las autoridades penitenciarias en función de las disposiciones legales vigentes, ha sido y es una herramienta importante en la lucha antiterrorista a pesar de que Rubalcaba la esté haciendo saltar también por los aires, como ha hecho con otros elementos también decisivos a este respecto.
Tampoco debería la sociedad civil española pasar por alto el hecho de que una entidad tan popular como el club de fútbol de la Real Sociedad de San Sebastián, figure como uno de los apoyos más destacados a esta marcha gracias a la colaboración de una parte de su plantilla. Ni siquiera cabe alegar la famosa e inicua equidistancia para disculpar la afrenta de esta entidad deportiva puesto que, como es conocido, jamás en el País Vasco se ha producido un gesto de cercanía por parte de esa institución u otras similares hacia las víctimas de esos a los que ahora arropan con el escudo de su club.
No estaría mal que el mundo del fútbol español, tan dispuesto a movilizarse por otras causas menos significativas, tuviera un gesto de respeto a las víctimas del terrorismo y de reproche hacia estos colegas que jalean a los victimarios.
Si es cierto que estamos más cerca que nunca del final de la banda, y todo parece indicar que así es, es ahora precisamente cuando más firme ha de ser el Estado de Derecho para aniquilar las distintas cabezas de la hidra terrorista y no al contrario. La anulación de los consistorios controlados por organizaciones colaboradoras del terrorismo, la eliminación de cualquier posibilidad de que vuelvan a entrar en la política municipal o la prohibición de cualquier algarada que otorgue visibilidad al entorno terrorista para lanzar sus consignas falaces, han de ser la prioridad del gobierno de un país que, como España, ha sufrido durante demasiado tiempo el azote terrorista.
Por desgracia el Gobierno parece opinar lo contrario y algunos jueces, tal vez partidarios de la infausta metáfora de un lamentable fiscal general del Estado, favorecen esta tesis con sus decisiones a pesar del cerco de lodo que, inevitablemente, acabará depositándose en los bajos de sus togas.