Esperemos que la Fiscalía tenga en cuenta, tal y como ha reclamado este miércoles la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que los asaltos a los supermercados en los que está implicado el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, "son un robo con violencia fundamentalmente hacia mujeres". Ciertamente, por mucho que Gordillo afirme que los "robos son los que hacen los bancos", lo cierto es que ni él ni sus aguerridos sindicalistas se han atrevido a enfrentarse con fornidos agentes de seguridad, como los que custodian bancos o furgones blindados, sino con desarmadas cajeras de un supermercado, tal y como también había advertido el diputado de UPyD, Toni Cantó.
Claro que, para desenmascarar a este farsante y su "valiente" defensa de la famélica legión, más que este hecho podemos señalar el nulo perjuicio que Gordillo sabía que le iban a ocasionar estos delitos que él y sus acólitos maquillan de Justicia social. Y es que alcalde Marinaleda y diputado autonómico de IU se ha cuidado muy mucho de que su "hazaña" no le supusiera pena de prisión. Lo escandaloso es que su participación en el asalto –organización y labores de distracción de la policía, como él mismo ha señalado- no le acarree su inhabilitación como cargo público, cosa que sí debía ocurrir en cualquier país civilizado del mundo.
Lo cierto es que Sánchez Gordillo, que tanto "valor" muestra ante cajeras de supermercado, ni tiene ni ha tenido nunca la valentía de arriesgar su dinero o su esfuerzo laboral para crear u ocupar puestos de trabajo que no dependan del forzado contribuyente. Vivir de los impuestos de los auténticos trabajadores es el único modus vivendi con el que se atreve. Y si asaltar fincas o supermercados no le supone tener que abandonar el cargo público sino que, por el contrario, lo que le procura es propaganda para seguir en él, no hay que extrañarse de que, más pronto que tarde, vuelva a las andadas.