La Audiencia Nacional se creó para meter a los terroristas en la cárcel, no para ponerlos en libertad. Si todas las instancias judiciales competentes están contribuyendo a otorgar carta de naturaleza a la amnistía encubierta desatada por la decisión de Estrasburgo en relación con la Doctrina Parot, el papel de la Audiencia en este enjuague jurídico resulta especialmente lamentable, porque con él ha pervertido absolutamente su principio fundacional.
La Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Grande Marlaska, acordó ayer la excarcelación de otros 13 etarras, con lo que ya son 24 los terroristas puestos en libertad tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La decisión fue tomada por unanimidad, prueba de que sus miembros están actuando sin fisuras en un proceso que ayer sacó de la cárcel a un criminal tan sanguinario como Kubati, responsable de trece asesinatos y ocho atentados mortales, por los cuales ni siquiera ha llegado a cumplir la pena máxima prevista en las leyes por uno sólo de esos veintiún delitos.
Precisamente la Audiencia Nacional, que ha llevado el peso de la lucha antiterrorista desde su creación, debería hacer lo necesario para postergar la liberación de los criminales hasta sus últimas consecuencias, pues mecanismos jurídicos hay de sobra para ello, a pesar de que se trata de imponer la consigna de que la sentencia de Estrasburgo no permite ninguna otra opción más que poner en libertad con urgencia a los peores asesinos, no sólo terroristas.
Sin embargo, es evidente que las carreras profesionales de jueces y magistrados, cuya promoción a las alturas del escalafón depende de la opinión que de ellos tengan los principales partidos políticos, están pesando más que la obligación de mantener por todos los medios la única interpretación jurídica en el cumplimiento de las penas compatible con el sentido común y el respecto a las víctimas,
El hecho de que la renovación del Consejo General del Poder Judicial esté paralizada por los problemas de salud del líder de la oposición ya deja bien a las claras que el grado de politización de la Justicia en España es prácticamente absoluto. Con uno de los tres poderes del Estado entregado a las conveniencias coyunturales de los otros dos, en manos de la casta política, no puede resultar extraño que la Audiencia Nacional esté actuando de forma tan miserable ni que se haya convertido, de hecho, en la instancia valedora de los acuerdos a los que Zapatero llegó en su día con una banda terrorista, que Rajoy no parece tener tampoco la menor intención de impugnar.
Si esta es la manera en que la Audiencia Nacional entiende su función jurisdiccional en un tema tan sensible como la lucha contra el terrorismo, lo mejor que se puede hacer es cerrarla.