No le faltaba razón a Emilio Campmany al señalar hace unos días que el bochornoso espectáculo de violencia e impunidad al que asistimos el 22-M no se debe a los "errores" de los mandos policiales que planificaron el dispositivo de la manifestación, sino a órdenes expresas de un gobierno acomplejado que imposibilitan a los agentes antidisturbios ejercer el monopolio legítimo de la violencia.
Por mucho que algunos –incluido ahora el propio ministro del Interior– quieran utilizarlos de cabezas de turco, ni los altos mandos policiales ni la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, son los responsables de que no haya forma humana de organizar eficazmente la represión de una manifestación violenta cuando los agentes tienen orden expresa de no hacer uso de la fuerza. Proceder contra la delegada es matar al mensajero, pues es el gobierno de la nación, y no su delegación en Madrid, el responsable de unos protocolos de actuación que nos condenan a todos –sobre todo a los propios policías– a la indefensión.
No menos irritante e injusto me ha parecido el frente común de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el portavoz del gobierno autonómico, Salvador Victoria, contra la delegada Cifuentes a propósito del hecho de que el centro de Madrid se haya convertido, ciertamente, en el manifestódromo de toda España. Hasta la fecha sólo Cifuentes se había atrevido a quejarse en voz alta contra el hecho de que todas las manifestaciones se congreguen en los alrededores de la Puerta del Sol y sólo Cifuentes se había atrevido a manifestar, hace ya casi dos años, la necesidad de acordar una serie de espacios que deberían ser especialmente protegidos a la hora de autorizar manifestaciones, ya sean entornos históricos, zonas de gran afluencia turística o ejes específicos de transporte.
Bien está que González y Botella, aunque sea tarde, hagan suyas esas quejas, pero que no las dirijan cobardemente contra Cifuentes, sino contra Rajoy y contra el ministro del Interior. Donde hay patrón no manda marinero, y aquí el patrón no es la delegada sino el gobierno y su amplísima mayoría parlamentaria, que son los que pueden hacer los cambios legislativos necesarios para que los ciudadanos manifiesten lo que quieran pero no donde les dé la gana.