La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ofreció este viernes su particular argumento para ignorar los resortes que ofrece la ley y el Estado de Derecho contra el desafío separatista que lidera Artur Mas en Cataluña. Según alegó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno se niega a cerrar el grifo de la financiación a la Generalidad para "no perjudicar a los catalanes", ya que ese dinero sirve para garantizar los servicios públicos y pagar las nóminas a los funcionarios de dicha región. Sin embargo, tal afirmación no es más que una absurda falacia con el fin de eludir la responsabilidad directa del PP en el desaguisado que llevan meses protagonizando los nacionalistas catalanes.
La vicepresidenta miente de forma descarada porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que diseñó y aprobó su propio Gobierno, nació con el propósito concreto de meter en vereda a las comunidades autónomas más díscolas e incumplidoras en materia de déficit público, como es el caso de Cataluña, garantizando, en todo momento, la financiación de los servicios públicos esenciales. El Ejecutivo ha inyectado a la Generalidad decenas de miles de millones de euros durante estos años de crisis a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el Fondo de proveedores para mantener en pie sus servicios públicos, sufragar el sueldo de sus funcionarios y pagar sus facturas pendientes, pero, eso sí, a cambio de una serie de ajustes y condiciones, tal y como establece la citada Ley.
El problema, sin embargo, es que Mas y sus socios han hecho caso omiso a estas directrices sin que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya hecho nada para impedirlo, más bien todo lo contrario, puesto que cada desaire y quebranto por parte de la Generalidad ha recibido como única respuesta más dinero, nuevas compensaciones e incluso ciertos privilegios financieros con respecto al resto de autonomías, especialmente las más cumplidoras y responsables, como es el caso de Madrid. La Ley de Estabilidad Presupuestaria es una herramienta que nace, precisamente, para garantizar la sostenibilidad de las Administraciones Públicas mediante la sana corrección de los excesos que cometen políticos irresponsables como Artur Mas, de modo que Soraya, simplemente, no dice la verdad.
Cataluña ha sido auxiliada por el Estado, haciendo uso del dinero de todos los españoles, sin que la Generalidad haya aplicado las medidas pertinentes para cumplir con el objetivo de déficit fijado por Hacienda, motivo por el cual el Gobierno podría haber intervenido sus cuentas para reducir el abultado gasto autonómico y eliminar su enjambre de empresas y organismos inútiles, garantizando en todo caso la financiación de los servicios públicos, tal y como establece la Ley de Estabilidad y el propio artículo 155 de la Constitución.
Asistimos, por tanto, a una nueva rendición y a una intolerable dejación de funciones por parte del Gobierno, pues, lejos de aplicar la ley contra quien la viola de forma flagrante y atenta al interés general de España, Rajoy y Sáenz de Santamaría optan ya no solo por no hacer nada, sino, lo que es aún más grave, por premiar a quienes se saltan el Estado de Derecho y dañan al conjunto de los españoles.