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Guillermo Dupuy

Rajoy va a premiar (más) a Mas

Viendo el histórico desastre que impera en Madrid, ¿nos extrañamos de que los nacionalistas aprovechen la oportunidad en Cataluña?

No sé si el bueno de Luis Herrero se apostaría un pincho de tortilla a que, entre las consecuencias que va a tener la ya celebrada ilegal consulta secesionista del 9-N, no va a estar "la querella criminal que la Fiscalía General del Estado tiene que presentar más pronto que tarde contra el presidente de la Generalidad por un delito de sedición". Ni por sedición, ni por desobediencia, ni por prevaricación, ni por fraude de ley ni por ningún delito.

Con todo, no pretendo ganarme una apuesta con el maestro ni ahorrarme el artículo del día al ansoniano modo, por lo que, disculpándome por la autocita, sí les recomendaría el articulo que, con el título "Los efectos políticos del referéndum", escribí hace dos años. La razón por la que en ese artículo descartaba cualquier consecuencia penal para los autores de la ilegal consulta secesionista era la misma por la que, ya entonces, daba por seguro que los nacionalistas la perpetrarían. Se llama Mariano Rajoy, con su pusilanimidad a la hora de hacer frente ideológica, legal y financieramente a los separatistas.

Evidentemente, Rajoy no ha convencido a los nacionalistas de su impunidad ni les ha financiado de manera privilegiada para que estos perpetren su carísimo e ilegal proceso de construcción nacional. Pero Rajoy sí lo ha hecho para evitarse el tener que intervenir la delictiva y manirrota Administración regional catalana por razones legales y financieras.

Quien rehuye su obligación de hacer cumplir la ley está abocado a ocultar la existencia del delito tanto como el que lo perpetra. Y por esa misma razón el Gobierno y su obediente Fiscalía General del Estado concluirán que los gobernantes nacionalistas no han perpetrado el 9-N delito alguno.

Para ello, el Gobierno de Rajoy bien pueden hacer suyo el editorial de este lunes del diario El Mundo y afirmar que lo que "ha quedado claro es que el Estado de Derecho funciona con plena garantías, a pesar de las triquiñuelas empleadas por Artur Mas y sus socios para sortear la legalidad". Lo más probable, con todo, es que este Gobierno lleve aun más lejos su felonía y, siguiendo el editorial de este lunes de El País, "se siente a negociar" con los autores del 9-N.

Viendo el histórico desastre que impera en Madrid, ¿nos extrañamos de que los nacionalistas aprovechen la oportunidad? Y aún querrá Arriola que vayamos en auxilio del PP por temor a Podemos.

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