No es difícil de comprobar, pero sí lo es asumir que así sea. Ya desde pequeños sabemos que todo juguete tiene un propietario, que también la bicicleta y el patín tienen el suyo, y que seguirán teniéndolos hasta su abandono.
El dinero, como por sí mismo no tiene un valor en uso, sino que se desea por su valor de cambio, es de suponer que nadie lo abandonará como se hace con el juguete, con la bicicleta o con el patín. Por ello no es fácil imaginar el dinero abandonado al albur de quien pueda estar interesado, sino que cabe afirmar que, en principio, todo dinero tiene un dueño legítimo que no renuncia a serlo.
¿Ocurre lo mismo con el dinero público? A decir de la ministra Calvo, del Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero, que de esto sabía y sabe mucho más que yo, no. El dinero público, al decir de la ministra, tajantemente "no es de nadie". Y parece que no pocos siguen su doctrina.
Pero, desde otra perspectiva, diríamos que el dinero público es consecuencia de la detracción coactiva –a través de tributos varios– de un dinero privado, cuyos titulares eran los ciudadanos, que, precisamente en ese momento, cambian tan honroso nombre por el de contribuyentes.
El contribuyente, pues, sacrifica –obligatoriamente– parte de su renta no para que su aportación aparezca abandonada en cualquier lugar, posibilitando que cualquiera pueda apropiarse de ella, sino para cumplir unos fines, más o menos discutibles, que se presentaron como excusa para sustraer parte de sus rentas.
La triste historia de nuestra España democrática nos lleva a recordar el sinnúmero de casos de corrupción en los que el denominador común ha sido la presencia de actores y dinero públicos. El caso Naseiro, el del primer AVE, el caso Guerra; la Gürtel, Malaya, Mercasevilla, Filesa, Fabra, Forcem, ITV, ERE; los cursos de formación, Nóos, Operación Taula, Palau, Campeón, Método 3; los relacionados con las cajas de ahorros: todos estos escándalos hacen que los contribuyentes se pregunten hasta dónde será cierto el principio de Carmen Calvo.
Hace apenas cuarenta y ocho horas hemos sabido que un funcionario del Ayuntamiento de Cádiz estuvo sin acudir a su trabajo durante algo más de seis años, si bien se le ingresó debidamente el sueldo en su cuenta corriente, como estaba mandado. También hemos conocido que si un senador no acude a cumplir con su misión en el Senado no es objeto de castigo alguno.
Toda esta diversidad de modos de corrupción, en los que siempre se sacrifica el dinero o la función públicos, nos hacen concluir que no es verdad el enunciado de la ministra, pero sí lo es que el dinero público no es de quienes lo administran.
Si de ellos fuera, no pasarían estas cosas.