Aunque los resultados de las elecciones del domingo y las negociaciones que habrán de celebrarse para confirmar un nuevo Gobierno acaparen, lógicamente, la atención de los medios, no debería pasar inadvertida una noticia de gran trascendencia: el procesamiento del expresidente de la Generalidad Artur Mas, de la exvicepresidenta Joana Ortega y de la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau por la ilegal consulta secesionista celebrada el 9 de noviembre de 2014. Salvo que la Fiscalía retirara súbita y escandalosamente sus acusaciones, los tres se sentarán en el banquillo tras confirmar el magistrado Joan Manel Abril la existencia de indicios de delito de desobediencia y prevaricación.
Aunque la celebración de aquella consulta sólo fue un capítulo más de la rebelión institucional que se perpetra en Cataluña desde 2012; y aunque muchos consideren con fundamento que se perpetraron más delitos que los de desobediencia y prevaricación –recuérdese que el entonces fiscal general del Estado, el dimitido Eduardo Torres-Dulce, también apreciaba delitos de usurpación de funciones y malversación–, se trata de una excelente noticia que bien debería significar el principio del fin de la clamorosa impunidad de la que los golpistas vienen gozando desde que pusieron en marcha el el proceso secesionista.
Artur Más puso en jaque las instituciones democráticas al asegurar que "ninguna Constitución y ningún tribunal" impedirían la celebración de la consulta, desobediencia que consumó el 9-N tras las reiteradas sentencias del TC que la habían prohibido clara y taxativamente. Semejantes delitos no pueden quedar impunes en ningún Estado de Derecho que se precie y en el que impere la igualdad de todos ante la ley.
A nadie se le escapa el hecho de que los tres acusados pertenecen a un partido político que, además de comandar el Gobierno de la Generalidad, cuenta con ocho diputados en el Congreso surgido del 26-J. Y que, en este sentido, el voto negativo de los separatistas catalanes, sumado a los de PSOE, Podemos y Bildu, haría sencillamente imposible la investidura de Rajoy como presidente. Sin embargo, sería impensable desde un punto de vista democrático que este hecho afectara lo más mínimo al buen funcionamiento de la justicia, que debe ser absolutamente ciega a la necesidad de acuerdos entre los partidos para dejar atrás el atasco institucional generado tras el 20-D.
Confiemos, pues, en el buen hacer de los políticos para llegar a acuerdos de Gobierno, y en el de magistrados y fiscales para impartir justicia.