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Cristina Losada

Todos con los imputados

A un Banco de España cuestionado por su actuación en el caso Bankia sólo le falta dar la impresión de que se revuelve contra la investigación judicial.

Hace un par de días se anunciaban en España unas dimisiones con una inmediatez digna de mención y de asombro. Tres cargos de la Supervisión del Banco de España renunciaban a su cargo poco después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara al juez instructor que los investigue por la salida a bolsa de Bankia. Es verdad que la noticia, la gran noticia, no era esa. Porque no todos los días ni todos los años ni todas las décadas investiga la Justicia a un exgobernador del Banco de España, a un expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a otros exaltos cargos de esos organismos por un caso de la gravedad del que está en juicio.

El notición era aquel, sin duda. Pero las renuncias inmediatas de los supervisores, aun siendo un detalle menor, y obligadas por el reglamento, centelleaban como luminosas excepciones frente a la costumbre de mantenerse en el cargo hasta el amargo final, tan arraigada en la política y sus alrededores. Ahí, el imputado por corrupción no dimitía aferrado a la presunción de inocencia. Y el responsable político de algún desastre no dimitía porque no reconocía su responsabilidad. O, como dijo no hace mucho un exministro y exembajador, porque la responsabilidad política la absuelven las urnas, que es una forma particularmente inelegante de eludir la propia responsabilidad.

Se han inventado aquí tantos pretextos para evitar, retrasar y darle esquinazo a la dimisión, que una renuncia rápida y limpia era una rareza que había que celebrar. ¡Por fin, unos que dimitían a la primera y sin excusas! Esto era una singularidad, casi un prodigio, aunque emergiera en un ámbito no estrictamente político. Pero sí próximo. Tanto, que las decisiones que se tomaron sobre la salida de Bankia a bolsa fueron de orden estrictamente político. Fueron órdenes políticas. Qué ocasión de dimitir perdieron algunos entonces en nombre de la independencia de los organismos reguladores y supervisores. La ocasión pasó, y ahora el cartero judicial, inesperadamente, ha vuelto a llamar.

Bueno, la rareza no ha durado mucho. No del todo. No es que los dimitidos se hayan vuelto atrás, que no podrían aunque quisieran. Es que los queridos compañeros han pasado a la firma un escrito de respaldo a los investigados en las dependencias de la Dirección General de Supervisión. Un acto éste que la cúpula del banco dice que "merece comprensión". Pues no. Será comprensible que los amigos de los que han dimitido lamenten lo sucedido, pero deberían limitarse a lamentarlo en privado. No mediante una acción que puede interpretarse como una protesta contra la decisión judicial, y tiene trazas de cierre de filas corporativista. A un Banco de España cuestionado por su actuación en el caso Bankia sólo le falta dar la impresión de que se revuelve contra la investigación judicial.

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