A veinticinco días de que se materialice lo que varios miembros del Gobierno y de la dirección del PP han calificado en los últimos meses de "golpe de Estado", el presidente del Ejecutivo y de dicho partido ha desvelado ante la Junta Directiva Nacional del propio PP su estrategia.
"Vamos a actuar con proporcionalidad e inteligencia, con tranquilidad y firmeza. Lo que ellos querrían es que hiciéramos exactamente lo contrario", ha dicho Mariano Rajoy, que se ha quedado tan ancho con esta histórica declaración, que como no podía ser de otra forma ha sido aplaudida por los mansos miembros de ese órgano popular, siempre dispuestos a hacer la ola a su jefe máximo y a no llevarle nunca, faltaría más, la contraria.
Ante un "golpe de Estado", lo último que debe decir el presidente del Gobierno es que se va a actuar con tranquilidad, porque la situación creada por los impulsores del proceso secesionista en Cataluña genera en los ciudadanos todo menos tranquilidad. Ante un "golpe de Estado", lo que hay que hacer es pararlo por todos los medios legales, que incluyen medidas coercitivas, así como detener a los golpistas, juzgarlos y que cumplan sus penas en la cárcel. Que eso se haga con inteligencia o con proporcionalidad es lo de menos. Lo de más es evitar que se consume la intentona golpista.
Cuando tomó posesión de su cargo, Rajoy juró cumplir y hacer cumplir la ley. Le ha llegado el momento de poner en práctica ese juramento. Su táctica, tan conocida –y que en algunos casos le ha dado buenos resultados–, de dejar pasar el tiempo, confiando que eso arregle los problemas, hasta un ciego podía ver que en esta cuestión no iba a dar resultado. Le ha llegado la hora de la verdad al presidente del Gobierno. Si el 1 de octubre se repite el paripé del 9 de noviembre de 2014, que también prometió impedir, Rajoy estará inhabilitado política y moralmente para seguir al frente del Gobierno de España. Otra cosa es que por su cabeza no pase ni remotamente la idea de dimitir.
Es indudable que los grandes culpables de la situación creada en Cataluña son, en primer lugar, los impulsores del proceso secesionista: Mas, Junqueras, Puigdemont y los radicales y antisistema de la CUP. Tampoco hay que olvidar el gran daño que hizo Zapatero con sus políticas de apaciguamiento hacia los nacionalistas, que tuvieron su máxima expresión en aquella promesa realizada a Pascual Maragall de apoyar en Madrid lo que llegase del Parlamento de Cataluña, que dio lugar a la elaboración de un nuevo estatuto de autonomía claramente inconstitucional en muchos de sus artículos, como puso de manifiesto el TC.
Tampoco se puede dejar al margen la posición, más nacionalista que constitucionalista, mantenida desde hace años por el PSC, lo que le ha llevado a perder un gran número de votos. Por último, habría que subrayar el desdibujamiento en los últimos tiempos de Ciudadanos, un proyecto político nacido en Cataluña para defender el constitucionalismo, y la irrelevancia del PP local en aquella comunidad autónoma.
Pero ahora ya no es el momento de los lamentos, ni del reparto de culpabilidades. Nos encontramos ante un auténtico "golpe de Estado", que pretenden dar unos señores y señoras con total impunidad. Y la obligación del presidente del Gobierno de España es impedirlo con el único medio posible en democracia: la aplicación de la ley; solo de la ley, pero de toda la ley. Que lo haga con proporcionalidad, inteligencia, tranquilidad y firmeza es lo de menos. Lo de más es que impida que se consume el mayor desafío que se ha planteado, desde la transición política, a la democracia, a la unidad de la Nación y a nuestro sistema de convivencia.