A medio camino entre la propuesta política y la chufla escarnecedora,Tabarnia es la denominación dada a una parte del territorio de Cataluña –buena parte de las zonas costeras de Barcelona y Tarragona– que un movimiento cívico y transversal quiere convertir en una nueva comunidad autónoma. Dicho movimiento aduce que las comarcas pertenecientes a Tabarnia, donde las formaciones constitucionalistas obtienen la mayoría de sus votos en el Principado, son cosmopolitas, orgullosamente bilingües, urbanitas y culturalmente mestizas, y que están intensamente conectadas con España y Europa; y que el resto de Cataluña, mayoritariamente independentista salvo en enclaves como el Valle de Arán, está obsesionado con la identidad, es muy hostil a la lengua castellana y tiene una economía bastante menos desarrollada y depende mucho de las subvenciones y de las transferencias de renta de la propia Tabarnia.
Aunque no tenga el respaldo de ninguna formación parlamentaria, semejante propuesta ha puesto de los nervios a los nacionalistas no sólo por el impresionante eco que ha logrado en las redes sociales, y hasta en la prensa internacional, sino porque tiene la enorme virtud de colocar al nacionalismo ante sus propias contradicciones. Así, si Cataluña podría dejar de ser España por el hecho de que así lo desease en un momento dado una mayoría de catalanes, ¿por que no podría Tabarnia dejar de formar parte de Cataluña si así lo desease una mayoría de tabarneses partidarios de seguir en España? El mal llamado derecho de autodeterminación, como todo falso derecho de titularidad colectiva, se anula a sí mismo y en lugar de ser un mecanismo pacífico de resolución de conflictos puede agravarlos o hasta propiciar nuevas querellas. Y esto es así porque, en la práctica, no puede materializarse en que todo colectivo disponga de un Estado independiente y soberano. Las minorías tienen derecho a recibir protección del Estado del que formen parte, no a crear uno. Más aun si es para someter a sus habitantes a un liberticida molde identitario como el que el nacionalismo quiere imponer a una sociedad tan diversa y plural como la catalana.
España hace mucho tiempo que se constituyó en Estado democrático de Derecho, respetuoso de los derechos individuales y celoso de una diversidad que se ha de dar tanto en el conjunto como en el seno de las partes que lo integran. Son los límites al poder, y no la extensión territorial de los Estados, lo que identifica a una sociedad libre. Y es a esos límites, base de la libertad a la que tienen derecho todos los individuos –que no los territorios–, a los que hay que someter a permanente escrutinio, tanto en Cataluña como en el resto de España.