Una cosa es que el presidente del Parlamento regional de Cataluña, Roger Torrent, no se haya atrevido a desobedecer el auto del Tribunal Constitucional por el que se suspende cautelarmente la investidura de Puigdemont, mientras esté activa la orden de búsqueda y captura e ingreso en prisión del golpista, y otra muy distinta que se haya puesto final al desafío de los separatistas –el propio Torrent incluido– al Estado de Derecho.
Desgraciadamente, tanto el desafío separatista como el circo al que ha dado pie la aplicación del artículo 155 de la Constitución sólo para convocar elecciones autonómicas parece que van a tener un larguísimo recorrido.
Para empezar, resulta esperpéntico que quien preside el Parlamento regional catalán sin quitarse de la solapa un lazo que revela su solidaridad con prófugos de la Justicia o con quienes están en la cárcel acusados de las más graves vulneraciones del orden constitucional se permita, tras ignorar a los letrados del propio Parlamento que preside, dar lecciones de Derecho Constitucional a los miembros del TC, a los que Torrent ha acusado de perpetrar una "chapuza jurídica". Torrent parece ignorar que el TC todavía no ha resuelto la impugnación del Gobierno y se ha limitado a tomar una oportuna medida cautelar que, obviamente, y dada su naturaleza jurídica, tiene un carácter necesaria y encomiablemente preventivo.
El esperpento abarca también las movilizaciones callejeras, las acampadas ante el Parlamento regional y las disensiones que el aplazamiento de la investidura de Puigdemont ha provocado en las filas separatistas. Dado que tanto el presidente de la Cámara catalana como el golpista huido dicen no contemplar otra investidura que no sea la del propio Puigdemont, habrá que tener presente que no es posible la celebración de nuevas elecciones regionales sin que previamente se haya celebrado una votación de investidura. Así que, mientras los separatistas se empecinen en investir presidente al golpista y mientras los constitucionalistas no presenten una candidatura alternativa, aunque no vaya a salir adelante, estaremos condenados sine die a un 155 desnaturalizado que no lleva a Cataluña de vuelta al orden constitucional.