Es cierto que si el Parlamento regional catalán no rechaza en una votación la investidura de un candidato a la Presidencia de la Generalidad no se pueden convocar nuevas elecciones en el Principado: así lo dice el artículo 67.3 del estatuto de autonomía y así parece que lo van a reconocer los letrados de dicha Cámara en el informe que les ha sido solicitado por la Mesa del propio Parlamento regional. Ahora bien, eso no significa que Roger Torrent pueda sostener sine die a Carles Puigdemont como único candidato. El presidente de la Cámara catalana tiene la obligación legal no sólo de no someter a votación la investidura del golpista prófugo, sino de proponer la investidura de cualquier otro candidato o diputado que así se lo solicite.
Lo que garantiza la continuidad del esperpento es que ni los separatistas quieren –al menos por ahora– proponer a otro candidato ni los constitucionalistas quieren desbloquear la situación postulando a uno de los suyos, votación que perderían porque el Parlament tiene mayoría separatista. Así las cosas, seguimos condenados a una aplicación paniaguada y superficial del artículo 155 que no sirve ni para lo que fue concebida.
No menos esperpéntica e ilegal sería la maniobra que estudia ERC: una Presidencia dual de la Generalidad, con Puigdemont convertido en símbolo en el extranjero y otro miembro de JxCat o de la propia Esquerra asumiendo la presidencia real del Gobierno regional. Y qué decir de la celebración de los cien días del Gobierno en el exilio que ha organizado el grotesco prófugo en Lovaina, o de las premuras con que su grupo parlamentario reclama al Parlament el abono de los casi dos millones de euros que le corresponden por los resultados electorales.
Mientras tanto, el juez Llanera parece decidido a mantener en prisión a los principales acusados por la intentona sediciosa hasta la celebración de un juicio cuya fecha de inicio también resulta una incógnita. Así, y tras prorrogar la prisión preventiva del exconsejero de Interior Joaquim Forn, Llanera ha confirmado la misma medida contra el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, tras valorar no sólo los "nuevos elementos de soporte" sobre la participación de ANC y su entonces presidente en los hechos investigados, sino el riesgo cierto de reincidencia en el delito que tendría su puesta en libertad provisional.
La absurda celebración de nuevas elecciones regionales sin esperar siquiera a que concluyera el juicio por el 1-O también está afectando a la actuación del juez a la hora de tomar medidas cautelares y valorar riesgos como el de la reincidencia. Y esto es así precisamente porque las elecciones han brindado a los golpistas la oportunidad de regresar al único lugar desde donde podrían reincidir en el delito a la espera de ser juzgados: el Poder. Este riesgo, más aún que el de fuga o el de destrucción de pruebas, es el que justifica el recurso de un mal necesario como es el de la prisión preventiva.
Así las cosas, lo único serio en el panorama catalán parece ser la manifestación que celebrarán en Barcelona los promotores de Tabarnia el próximo día 25. Todo lo demás, ni es serio ni tiene maldita la gracia.