Está plenamente justificada la ola de indignación que recorre España a raíz de la decisión judicial de un tribunal alemán de no extraditar a Puigdemont. Y mucho más lo está la que han provocado las declaraciones de la ministra de Justicia y las de otros dirigentes alemanes menospreciando la calidad de nuestra Justicia. Sin embargo, hay algunas consideraciones que hacer.
Es obvio el desacierto de la decisión de los jueces de Schleswig-Holstein, sin derecho alguno a someter a revisión la calificación jurídica del delito cometido por el expresidente de la Generalidad. En el marco de la euroorden, el citado tribunal debería haberse limitado a comprobar que el Código Penal alemán incluye el delito que el Tribunal Supremo español imputa al prófugo. Pero la culpa de que el tipo penal español incluya la necesidad de que la rebelión se haga con violencia y la sedición de manera tumultuaria la tiene la redacción dada por nuestros legisladores. Esto se hizo con la consciente voluntad de crear un espacio de impunidad a los líderes políticos nacionalistas que desobedecieran las leyes y sentencias españolas sin violencia y ordenadamente. Es notable, por ejemplo, que a Puigdemont no se le acusara de nada hasta después de declarar la independencia, cuando los actos presuntamente constitutivos de delito son muy anteriores y se realizaron a vista, ciencia y paciencia del Gobierno.
Con respecto a la malversación, el delito que el exigente tribunal alemán parece estar dispuesto a reconocer que ha cometido Puigdemont, conviene recordar que Artur Mas es responsable de hechos esencialmente similares con ocasión del referéndum del 9-N y la Fiscalía se negó a acusarle de ella con el fin de que no fuera a la cárcel y evitar el problema político que tal hecho podía acarrear.
Por otra parte, España se reconoce a sí misma jurisdicción universal y aquí se han perseguido a presuntos delincuentes extranjeros por delitos cometidos igualmente en el extranjero y se han dictado órdenes de detención internacionales contra ellos con ostensible menosprecio de los ordenamientos de otras naciones tan respetables como la nuestra.
Luego, aunque Suiza no forme parte de la Unión Europea y respecto de ella no nos obligue la euroorden, nos negamos a entregarle a Falciani con argumentos tan peregrinos como los que los alemanes han empleado contra nosotros.
Por último, buena parte de lo sucedido es responsabilidad de nuestro Gobierno, que ha dejado en manos de los jueces, incluidos los extranjeros, un asunto que debía ser el único relevante de su agenda. Mucho más ahora, cuando los gobernantes alemanes han convertido en conflicto diplomático lo que Rajoy pretende que siga siendo una mera cuestión judicial.
Exigimos justamente que nos tomen en serio. Pero, para merecerlo, lo primero que deberíamos hacer es ser serios nosotros. Y en materia de justicia internacional, hace mucho tiempo que no lo estamos siendo. Por muchas y poderosas que sean las razones que nos amparan, no podemos exigir a los demás lo que no nos exigimos a nosotros mismos.