El chantaje de los separatistas catalanes al Gobierno de Pedro Sánchez para que se sometiera a un "diálogo sin condiciones ni renuncias" con el presidente golpista de la Generalidad, so pena de tumbar la toma de RTVE por parte de PSOE, Podemos y PNV, surtió efecto de inmediato. El martes, la vicepresidenta, Carmen Calvo, proponía un "diálogo sin cortapisas" entre Sánchez y Joaquim Torra, y el miércoles se manifestó en el mismo sentido la ministra de Política Territorial, la catalanista Meritxell Batet; así que finalmente ERC y PDeCAT han dado su plácet a la ominosa renovación del Ente Público, que va a reportar pingües beneficios a personajes como Cristina Fallarás y Rosa María Artal, reinas del periodismo basura de extrema izquierda.
Si ya de por sí es execrable el afán de los Gobiernos por controlar los medios de comunicación, qué decir del precio que en esta ocasión ha pagado Pedro Sánchez a los golpistas. Y es que, al afirmar que está dispuesto a hablar de todo y "sin cortapisas" con quien, como el supremacista Torra, proclama públicamente su intención de subvertir la legalidad desde las propias instituciones, Sánchez comete la indignante irresponsabilidad de dar esperanzas a los separatistas respecto de algo que el Gobierno de la Nación no puede otorgarles sin vulnerar el orden constitucional: un referéndum pactado de autodeterminación.
Ciertamente, y tal como ha sentenciado el Tribunal Constitucional en más de una docena de resoluciones, un referéndum pactado no sería posible sin una "reforma agravada" de la Ley Fundamental, es decir, de las que requieren la disolución de las Cortes y la celebración de un referéndum vinculante en toda España.
El proceso sedicioso que se registra en Cataluña no se detendrá ni cediendo ante los golpistas ni tratando de engañarles. Esto último no haría sino cebar la rebelión y provocar más victimismo entre los liberticidas, a los que el Gobierno vuelve arropar con el manto de la legalidad constitucional, contra la que no dejan de atentar.
La vía del apaciguamiento y el diálogo con los golpistas lo único que consigue es fortalecerlos y hacerlos más voraces. Así, sólo un día después de que el Gobierno accediera al traslado de los golpistas presos a cárceles catalanas, el supremacista Torra ya andaba exigiendo "la libertad de todos los presos y la anulación de sus causas".
No menos disparatado sería que Sánchez diera esperanzas a los golpistas también en el ámbito penal. Aun cuando sea cierto que con Mariano Rajoy, y tras la comprensible dimisión del fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce, el Ministerio Público se dedicó a retirar todos cargos contra los golpistas Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau que pudieran llevarlos a la cárcel, ahora sería absolutamente impracticable y estéril esa maniobra prevaricadora a favor de Puigdemont y compañía, dado que ya está personada la acusación popular, que ejerce el partido Vox. Eso, por no hablar de la declaración unilateral de independencia que perpetró Puigdemont y de los episodios de violencia que protagonizaron los liberticidas el pasado otoño, que han provocado acusaciones mucho más graves que las que se dieron durante la primera fase del golpe, liderado entonces por Mas. Con todo, no deja de ser preocupante el bochornoso y persistente silencio del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la delirante demanda separatista de dotar a los Mozos de Escuadra de armas largas.
Está visto, sin embargo, que a Sánchez no le importa dar alas y esperanzas a los separatistas, siempre y cuando estos le ayuden a hacerse con el control de RTVE y del CIS, donde ha tenido la desvergüenza de colocar a un miembro de la Ejecutiva del PSOE, José Félix Tezanos, que, con aún más desvergüenza, ha advertido de que no dejará de formar parte de la dirigencia socialista.
Y venían a despolitizar las instituciones y a regenerar la democracia...