Durante los últimos cuarenta años, la política española se ha basado en la negación del otro gran partido como una opción democrática en algunos casos, como ocurrió con el frente anti PP de los ochenta; o con las incitadas sospechas de deslegitimación en el ascenso del Partido Socialista al poder en 2004 y ahora en 2018. La militancia se ha cultivado en un odio exacerbado hacia el otro gran partido, siendo válida cualquier alianza con tal de evitar los grandes acuerdos que, cuando los ha habido, como el pacto antiyihadista, la modificación constitucional para limitar el déficit público o la aplicación del artículo 155, lo fueron siempre in extremis y presionados por las fuerzas que procedía del exterior.
Pero son muchos los riesgos que España afrontará en los próximos meses y años, que no se van a poder solventar con los acuerdos con Podemos o con los nacionalistas, ambos muy interesados en que no se produzcan grandes acuerdos que den estabilidad a España. Cuando Pedro Sánchez deje de jugar a ser un presidente de gestos, por muy razonables que puedan parecer a una gran mayoría, y se ponga a gobernar, se va a encontrar que, o bien no puede hacer nada consistente ante la imposibilidad de generar consensos en la coalición antiRajoy que le soporta, y que ya ha perdido su razón de ser desde el momento que Rajoy está de registrador de Santa Pola; o bien va a necesitar de pactos de estado con el Partido Popular para sacar grandes reformas de estado.
Con Pablo Casado en la presidencia del PP, el PSOE va a encontrar una mano tendida dispuesta a pactar grandes temas que sirvan para garantizar la recuperación económica, preservar derechos sociales e individuales, mantener la seguridad interior y colectiva y contribuir a vertebrar una España diversa, que no justifica en ningún caso discriminaciones entre los españoles. Esos diez pactos que a mi juicio deberían comenzar a negociar, cuando el presidente Sánchez se dé cuenta que cuando él habla de votar con Tardá y Campuzano, éstos hablan de botar; y que Pablo Iglesias no está interesado en que el PSOE haga política de izquierdas, sino en debilitar al Psoe, ya que nunca tuvo el joven Iglesias vocación de soporte del Partido Socialista, como tradicionalmente ocurría con Izquierda Unida, deberá mirar al Partido Popular, con quien va a encontrar más coincidencias que con Ciudadanos, que debe todavía reubicarse después de la moción de censura.
- Pacto de Pensiones. Las cifras más recientes determinan un rápido acuerdo para hacer sostenible el sistema que va camino de la quiebra, por mucho que quiera negarse la evidencia. Cotizaciones de autónomos, aportaciones del presupuesto del Estado, reducción de ayudas y subsidios a cotizaciones, edad de jubilación, planes de pensiones privados son temas que deben estar en esa discusión.
- Financiación global del estado. El crecimiento de los gastos sociales repercute especialmente de forma negativa en CCAA y ayuntamientos, por lo que cada año el déficit es mayor en estas entidades. Es necesario revisar globalmente el sistema de financiación para evitar un colapso del sistema de protección social.
- Cataluña. Un gran acuerdo entre los dos grandes partidos para buscar un marco político y administrativo de Cataluña dentro de la Constitución que genere una corriente de opinión favorable entre el nacionalismo moderado es necesario para resolver esta cuestión a largo plazo.
- Plan de inversiones que contribuya a la vertebración del país, conexiones ferroviarias del centro con País Vasco y Portugal, y transversales entre el Este y el Oeste. En la actualidad el desequilibrio tradicional norte sur ha pasado a ser Este Oeste, y es en este eje el que debe realizarse las mayores inversiones.
- Una política exterior y de seguridad con suficientes recursos que garanticen alcanzar unos niveles de gasto alineados con nuestros aliados, y que mantenga una estabilidad y profesionalidad en la representación exterior del Estado.
- Definir un consenso básico sobre la educación que garantice el acceso de los alumnos a estudiar en su lengua vehicular en cualquier territorio del estado, un modelo que ponga el énfasis en el mérito, en el acceso de todos por igual a todos los niveles de educación, una inversión en formación continuada del profesorado, un impulso a la enseñanza de idiomas, y una educación más unitaria en todo el territorio nacional.
- Un Plan del agua, que contribuya al equilibrio Este-Oeste, con un adecuado plan de uso eficiente del agua, desaladoras de nueva generación, y desarrollo económico y agrario del interior.
- Un plan de convergencia con la Unión Europa que evite políticas nacionales en cuestiones comunitarias como la emigración, que preserve las ayudas a agricultores y ganaderos, mantener caladeros de la pesca, e impulso de una agencia con presupuesto propio y competencia en toda la Unión Europa para la inmigración irregular.
- Un Plan nacional para la igualdad de género, con cuestiones como la escolaridad de 0-3 años, desgravaciones fiscales a las familias con hijos, penalización de empresas que apliquen políticas contra la igualdad de género, lucha contra la violencia machista.
- Una plan nacional para la protección de la infancia tanto en las familias como en las escuelas. Un mayor control de contenidos accesibles a menores en televisión e internet, lucha contra pornografía infantil, ayudas a la escolaridad etc.
Si realmente nos aislamos del discurso político partidista, no debiera ser difícil alcanzar unos consensos básicos sobre estas cuestiones que nos permitirían garantizar nuestro actual modelo social, de libertades y de derechos para las próximas décadas y que tendría la misma relevancia que una reforma Constitucional asegurando la prosperidad y la sostenibilidad. Quizás sea una de nuestras últimas oportunidades.