El 2 de agosto de 1932, Miguel de Unamuno tomaba la palabra por última vez en el Parlamento republicano. Había participado con intensidad en el debate sobre el estatuto catalán, que le disgustó profundamente por considerarlo una amenaza contra la unidad nacional y los derechos de los no nacionalistas, especialmente los lingüísticos en la enseñanza. Pero también criticó el despilfarro que supondrían las instituciones autonómicas, para las que auguró un futuro de enchufes, cacicadas y clientelismo.
Pero el argumento central de aquel último discurso consistió en su lamento por la necedad de una izquierda que consideraba que el autonomismo era un pensamiento político más avanzado que la concepción unitaria de la nación. Y declaró que él no ocultaba tener
un sentido republicano a la francesa, de república unitaria francesa. Pero ¿de cuándo acá es una cosa de derechas ni una cosa antirrepublicana?
Casi medio siglo más tarde, la izquierda española siguió sin comprender. E incluso agravó sus errores haciendo suyos los planteamientos de los separatistas vascos y catalanes. La izquierda española de la sacralizada Transición se hartó a pedir referendos de autodeterminación para todas las nacionalidades y pueblos del Estado, nacionalidades y pueblos que, por ser titulares de sus respectivas soberanías, estaban legitimados para decidir unilateralmente su forma de encaje en el Estado e incluso su secesión. Disculpe la jerga, sufrido lector, pero, como no hará falta aclarar, no es la de este malvado juntaletras, sino la de la mencionada izquierda.
La fiebre se pasó pronto, sobre todo porque alguno de los izquierdistas más espabilados debió de darse cuenta de que por ese camino no les iba a quedar Estado con el que jugar a los políticos. Así que sustituyeron su furor autodeterminista por una pulsión hacia la descentralización más extrema posible, sinónimo de progresismo aunque ningún izquierdista haya sido capaz de demostrarlo ni en nuestros días ni en los del bueno de Unamuno. Y en eso consistió el bendito Estado de las Autonomías articulado en el no menos bendito Título VIII de la bendita Constitución.
Pero seamos justos, puesto que todo eso no hubiera sido posible sin la inestimable colaboración de una derecha ignorante, cobarde y acomplejada que, casi en bloque, se apuntó encantada a la construcción de un sistema de cuyos jugosos sueldos, honores y prebendas ha disfrutado no menos que la izquierda.
Hemos dicho "casi en bloque" porque, en honor a la verdad, algunas voces derechistas se alzaron contra el sinsentido autonómico. Dirigentes como Laureano López Rodó, Federico Silva Muñoz, Licinio de la Fuente, Gonzalo Fernández de la Mora y, por supuesto, el innombrable Blas Piñar advirtieron de que el sistema autonómico, tal como quedó diseñado tras los debates constitucionales, implicaba necesariamente el suicidio de España en no mucho tiempo. Las declaraciones, discursos y textos dedicados a explicar sus puntos de vista, de enjundia ideológica inalcanzable por los analfabetos parlamentarios de hoy, fueron cientos, si no miles, y por lo tanto imposibles de transcribir aquí, pero podrían resumirse en una fórmula casi matemática:
Mención de unas nacionalidades históricamente insostenibles, políticamente aberrantes y semánticamente absurdas en el artículo 2 + Estado de las Autonomías según el fracasado modelo de la Segunda República + Competencias de educación en manos de los gobernantes separatistas + Ley Electoral multiplicadora de la representación de los separatistas + Perpetua centrifugación del Estado hasta para sus competencias exclusivas según el artículo 150 = Secesión de País Vasco y Cataluña en una o dos generaciones.
Pero la clarividencia, hoy indiscutible, no se alojó solamente en las cabezas de algunos derechistas orillados por sus inteligentísimos compañeros de filas, pues no olvidemos que otras altas personalidades de la política y la cultura, esta vez no tan a la derecha, advirtieron exactamente de los mismos errores que acabarían llevando la Constitución a su autodestrucción. Entre ellos se encontraron nada más y nada menos que Julián Marías, Josep Tarradellas y Claudio-Sánchez Albornoz, presidente del Gobierno de la República en el exilio.
¡A ver quién se atreve hoy a reírse de ellos con las mismas carcajadas de hace cuarenta años! Y no son pocos los figurones que hoy se rasgan las vestiduras ante el desastre autonómico, sobre todo tras la evidencia del golpe de Estado de la Generalidad, que siguen dando lecciones a diestro y siniestro sin al menos tener la vergüenza, en primer lugar, de admitir que aquellos agoreros de 1978 tuvieron razón, y, en segundo, de pedirles perdón por las risas y los insultos que les dedicaron. Aunque sea con cuarenta años de retraso y, en algunos casos, a título póstumo.
España lleva suicidándose cuarenta años gracias a aquellos redactores de la Constitución, a los políticos que se han pegado la gran vida gracias a ella, a los intelectuales que ridiculizaron y los medios de comunicación que acallaron las voces discordantes, y al pueblo español que se dejó engañar por tantos pícaros y malvados.
¿Despertamos o insistimos en nuestro suicidio colectivo?