En los últimos años, se han propuesto varios cambios radicales de la Constitución vigente. Si no llevo mal la cuenta, los más conocidos son cuatro. Uno, para que España sea un Estado federal. Dos, para suprimir la monarquía y transformarnos en república. Tres, para reconocer el derecho de autodeterminación. Cuatro, para hacer tabla rasa y abrir un proceso constituyente. Todas estas propuestas, algunas formalizadas y otras meramente proclamadas o lanzadas como exigencias, han venido de partidos situados a la izquierda, como el PSOE y Podemos, y de nacionalistas o separatistas. Debe de ser por eso que ninguna de ellas ha provocado, en el seno de la opinión progresista, la gran inquietud que está causando la supresión de las autonomías que lleva VOX en su programa.
Pues sí. Ni suprimir la monarquía ni abrir un proceso constituyente desataron tanto escándalo como que un partido que no tiene representación en el Congreso quiera acabar con el modelo autonómico. Cierto que hay otras propuestas de VOX, y, más que las propuestas, el propio partido, que escandalizan a aquel segmento de la opinión y a otros. Cierto también que hay una visible voluntad de establecer que la formación de Abascal es inconstitucional o anticonstitucional. Pero el cuestionamiento de las autonomías ha despertado una contestación específica tan contundente que es lógico concluir que el escándalo no es porque la propuesta la haya hecho VOX, sino por la propuesta misma.
Una premisa común en ese sector de opinión es que discutir las autonomías no es discutir sobre un modelo de organización territorial u otro, sino sobre uno de los pilares o columnas vertebrales o vigas maestras del pacto de 1978. Por ello, suprimirlas no supondría sólo una reforma constitucional, sino un proceso constituyente en toda regla. Sería como la tabla rasa que preconizaban los podemitas: poner el contador a cero, y vuelta a empezar. Lo curioso es que no extraen las mismas consecuencias de la idea socialista de definir a España como Estado federal. Deberían explicar por qué les parece más rupturista una cosa que otra. Pero, ante todo, no tendrían que confundir al público. La Constitución no dice: "España es un Estado autonómico" o "un Estado de comunidades autónomas". Esa definición no está.
Una de las peculiaridades de la Constitución es que no define el modelo de organización que establece. Como tampoco lo hizo la de 1931. Lo establece, eso está claro, pero la indefinición es como una puerta abierta. Si está abierta para introducir una definición y una organización federal, ¿por qué no lo está para introducir una definición y una organización de Estado unitario? En este por qué no se halla el intríngulis. La respuesta de la opinión progresista es canónica: con la iglesia hemos topado. El Estado unitario, dirán, es muy legítimo. Pero en Francia. Porque en España el pacto de 1978 está atado y bien atado al modelo autonómico. En realidad, están diciendo que sin el derecho a la autonomía ciertos partidos y clases dirigentes no hubieran aceptado la Constitución. Es verdad. El nacionalismo catalán, Convergencia en concreto, no se habría sumado al consenso constitucional, como se sumó. Al revés que el PNV, que se abstuvo. Pero ahora el nacionalismo catalán está completamente fuera del pacto de 1978, y fuera de sí. Ese es el pequeño detalle que obvian quienes hoy arguyen que suprimir las autonomías rompería el pacto del 78. El nacionalismo catalán rompió abierta y perversamente ese pacto en octubre de 2017 al proclamar la independencia de Cataluña. Detallazo.
La ruptura del nacionalismo catalán con la Constitución y el modelo autonómico es la causa primordial de que hoy tenga eco en España la idea de frenar o revertir el proceso descentralizador. Y no hay razón política ni legal que impida cuestionar el tipo de organización territorial del poder. Mientras el cauce para los cambios que se proponen sea legal, y no un golpe de Estado como el de Puigdemont y Junqueras, tampoco hay razón para el alarmismo. Se ha elevado a las autonomías a elemento constituyente intocable e inalterable y cualquier modificación en su statu quo se equipara poco menos que a una ruptura revolucionaria. Esa sacralización tiene menos que ver con la voluntad de mantener intacto el consenso constitucional del 78 (ya roto por el separatismo catalán) que con materias más pedestres, pero importantes para muchos. Básicamente, dos. Los de siempre: el dinero y el poder. O el poder y el dinero.