José Ramón Bauzá, que presidió el Gobierno autonómico balear entre 2011 y 2015 y era ahora senador, acaba de anunciar que deja el Partido Popular porque es un partido al que, a nivel regional, le resulta imposible votar. Su carta de despedida explica bien las razones de su adiós. Expone las propuestas y declaraciones de dirigentes del PP balear sobre política lingüística con las que no está de acuerdo y que revierten, además, las reformas que hizo él mismo cuando fue presidente. Pero sería una simplificación indebida decir que Bauzá se marcha por la política lingüística del nuevo PP balear, que prácticamente es un calco de la que están aplicando socialistas y nacionalistas.
La política lingüística no es sólo política lingüística. Es un error extendido y persistente reducirla a una política sectorial de efectos limitados. Las medidas que persiguen la exclusión del idioma español en las comunidades donde se hablan dos lenguas afectan a algo más que a determinadas pautas en la enseñanza, la Administración, la función pública, la esfera política y otros ámbitos que van en aumento. Su objetivo tampoco consiste en establecer y garantizar la igualdad, puesto que si así fuera no proscribirían ni estigmatizarían el idioma español, al que tratan como a una lengua impropia, que no pinta nada allí. Lo que pretenden y lo que promueven esas medidas contra la lengua común es debilitar todo lo que es común a los españoles y su propia identificación como españoles. Por eso la política lingüística excluyente es viga maestra de los proyectos separatistas.
De todo esto, el Partido Popular no ha querido saber nada. Nunca. En las autonomías donde se hablan dos lenguas, los populares han seguido la senda que abrió Pujol con su inmersión hace muchos años. Lo han hecho como si la lógica de esa política, perfectamente coherente con la lógica del separatismo, fuera inocua. Hay excepciones raras, como el propio Bauzá. Y no faltan las excepciones ocasionales: cuando están en la oposición profesan un gran respeto y amor por la libertad lingüística, pero ese respeto y aquel amor decaen en cuanto llegan al poder. Entonces vuelven a la senda y al consenso de la exclusión en el que ya estaban antes. Lo aplican con más manga ancha, pero lo aplican. Es la historia que se repite.
En su carta, Bauzá cuenta cómo el PP balear calificó de "errores ideológicos propios de extremistas" sus reformas de la normativa lingüística. Cómo ese PP defiende que el idioma catalán sea requisito sine qua non para el acceso a la función pública. O cómo se negó a enviar representación a la gran manifestación contra el golpe separatista del 8-O en Barcelona alegando que "no interesa la foto" y no hay que "meterse en esos líos". Líos. Pero quien tiene el lío es Pablo Casado. Bauzá lo apunta certeramente en su carta:
¿Cómo es posible que la dirección nacional del PP defienda en sus discursos hasta la aplicación indefinida del 155 en Cataluña mientras permite y potencia que en su propio partido se defiendan las mismas políticas que consideramos aberrantes cuando las promueven otras formaciones políticas?
La respuesta, ésta sí, es simple: Casado puede defender la aplicación a perpetuidad del 155 en Cataluña porque no está en el Gobierno. Y permite que ramas autonómicas de su partido asuman parte del marco ideológico del nacionalismo disgregador porque es lo que han hecho siempre. El Partido Popular está acostumbrado a esa disonancia, sí, pero hoy es mayor que antes. Ahí está Casado, predicando su 155 indefinido, y allí está una aspirante a candidata del PP balear diciendo que le avergüenzan las cargas policiales del 1 de octubre, y que manda mucha fuerza al pueblo catalán en su lucha. Por un lado está Casado con una defensa vehemente de España y lo español y por otro, los PP autonómicos promoviendo la exclusión del español en todos los ámbitos posibles. La disonancia canta cada día más. A este paso, será insostenible.
Dicen en Génova que la marcha de Bauzá es mala noticia. Pero las malas noticias sólo acaban de empezar.