No es de extrañar que los separatistas catalanes cambien de estrategia en su campaña de chantaje al chantajeable e indigno Gobierno de Pedro Sánchez. Su inicial exigencia para apoyar los Presupuestos Generales del Estado, consistente en que el Gobierno instara a la Fiscalía General del Estado la retirada de todos los cargos contra los máximos responsables de la consulta secesionista del 1-O y de la subsiguiente declaración de independencia de Cataluña, no sólo era tanto como reclamar que el Ejecutivo y el Ministerio Público se comprometieran a perpetrar un delito de prevaricación, sino que hubiera resultado absolutamente estéril para impedir que aquellos fueran enjuiciados por todos los gravísimos delitos de los que se les acusa. Y esto es así porque, a diferencia de lo que sucedió con el golpe liderado por Artur Mas con la no menos ilegal consulta secesionista del 9-N, en el proceso contra Puigdemont y compañía ejerce la acusación, además del Ministerio Público, Vox. Por tanto, aun cuando la Fiscalía hubiera retirado los cargos, nada les evitaría someterse a juicio y una eventual condena.
Ciertamente, el felón Sánchez podría indultar a los golpistas una vez fuesen condenados, tal y como de hecho ya apuntó el máximo dirigente del PSC, Miquel Iceta. Pero en estos momentos lo más factible y provechoso para los separatistas es que el Gobierno satisfaga su exigencia de internacionalizar el conflicto catalán mediante el recurso a un mediador internacional en un proceso de negociación en el que el Gobierno de España aparezca en pie de igualdad con la Generalidad.
Esto es a lo que, aun de forma disimulada, la vicepresidenta Carmen Calvo se ha mostrado dispuesta este martes, intentando a toda costa, eso sí, que no se interprete como lo que es: una nauseabunda traición del Gobierno a la Nación a cambio de que los separatistas retiren su enmienda a la totalidad de los Presupuestos y sostengan a Sánchez en la Moncloa.
Consiga o no su objetivo Sánchez, su decisión de sentarse en una mesa de negociación con una Administración regional tomada por golpistas y sobre la que los separatistas exigen poner el falso derecho de la autodeterminación, con un mediador internacional, constituye una auténtica puñalada por la espalda al ordenamiento constitucional y a la Nación entendida como Estado de Derecho. Lo de la internacionalización ha sido siempre una aspiración separatista –que se lo digan a la organización terrorista ETA–, y no van a dejar de aprovecharlo como impagable campaña propagandística, por mucho que el Ejecutivo diga que no pretende con ella ganar apoyos para sus Presupuestos ,o que llame "coordinador" al referido mediador, quitando además importancia al hecho de que pueda ser extranjero.
En cualquier caso, lamentablemente no es de extrañar, teniendo presente que esta decisión proviene de un partido como el PSOE, que no ha tenido ni tiene ningún escrúpulo cuando se trata de retener el Gobierno aun con los peores resultados electorales de su historia y de la mano de los proetarras de Bildu, los golpistas catalanes y la extrema izquierda podemita.