Tras el delictivo compromiso adquirido la semana pasada por el presidente de la Generalidad y actual cabecilla del proceso golpista iniciado en 2012, Quim Torra, de perpetrar un tercer referéndum secesionista y sentar las bases de la Constitución de la República Catalana antes de la primavera de 2020, las formaciones separatistas –Junts per Catalunya, ERC y CUP– han consensuado este martes una no menos ilegal propuesta de resolución para que el Parlamento regional en rebeldía condene la sentencia del Tribual Supremo (TS) sobre el 1-O y reafirme el igualmente ilegal y mal llamado derecho de autodeterminación.
Dado que la semana pasada el pleno del Tribunal Constitucional (TC), a raíz de la ilegal reprobación de Felipe VI por parte del Parlamento catalán, advertía al presidente del mismo, Roger Torrent, de que cometerá un delito si vuelve a poner esa institución al servicio del golpe separatista, es obvio que nos encontramos ante un desafío de una gravedad equiparable al caso omiso que los gerifaltes de la Generalidad vienen haciendo de todas y cada una de las advertencias y resoluciones que el máximo tribunal les ha dirigido desde 2013.
Con todo, es lógico que, mientras se consienta que el máximo representante del Estado en Cataluña sea el jefe del golpe (ahora Torra; antes, Puigdemont y Mas), éste, cada vez más violento, siga adelante desde las instituciones regionales y financiado por el contribuyente.
También es tristemente lógico que el condenado golpista Oriol Junqueras se permita decir: "Que se metan el indulto por donde le quepa", dado que la sentencia del TS sobre el 1-O, casi tan ignominiosa como la del 9-N, no recogió el delito de rebelión y le condenó a una pena ridícula que, en la práctica, le permitirá salir a la calle en pocos meses; mientras, está en una cárcel controlada por una Administración en manos de sus correligionarios.
Si, cuando el 9-N, la paulatina e injusta retirada por parte de la Fiscalía de todos los cargos que implicaban penas de cárcel obedeció al deseo de no entorpecer lo que más tarde se conocería como operación Diálogo, a cargo de la infausta Soraya Saenz de Santamaría, las ridículas penas impuestas por los todavía más graves delitos del 1-O parecen no querer entorpecer posibles alianzas a un presidente del Gobierno que todavía no renuncia a pactar con los separatistas para mantenerse en el poder.
Por otra parte, aunque toda persona o medio de comunicación tiene derecho a elogiar o criticar cualquier pronunciamiento judicial, ese mismo derecho no rige para una institución pública como un Parlamento regional, que lo único que tiene que hacer es cumplir y hacer cumplir las leyes y las resoluciones judiciales con absoluta independencia de lo que opinan de ellas sus integrantes.
Sea como fuere, cuando por cobardía, dejadez, complicidad o estupidez se deja a unos golpistas al mando de una policía y una Administración autonómicas, no se puede esperar otra cosa que los espectáculos vergonzosos y humillantes que, de forma cada vez más violenta, se registran en Cataluña desde 2012.