El hecho de que España acumule desde 2015 uno de cada tres días con el Ejecutivo en funciones justificaría, hasta cierto punto, que las negociaciones encaminadas a lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente centrasen la atención de los medios de comunicación; más aún cuando dicho Gobierno estaría integrado por un partido de extrema izquierda partidario del mal llamado derecho de secesión de las comunidades autónomas como Podemos y cuando las negociaciones se extienden a una formación golpista como ERC, que ha reiterado su compromiso con el ilegal proceso separatista iniciado en Cataluña en 2012.
Con todo, resulta bochornoso el tratamiento aséptico y poco comprometido con el ordenamiento constitucional que la mayoría de medios está dando a estas negociaciones bochornosas entre el PSOE y ERC, destinadas no ya al traspaso de puertos y aeropuertos a una Administración autonómica en rebeldía como la catalana, sino a excarcelar cuanto antes a los golpistas presos y a encauzar lo que también los socialistas llaman ahora "el conflicto político de Cataluña".
Lo más grave de todo es que el tratamiento editorial e informativo que estos medios –especialmente las televisiones a cargo del contribuyente– otorgan a estas negociaciones sirve, a pesar de su escaso relieve, para dejar en un segundo plano monumentales escándalos de corrupción que afectan al PSOE y a Podemos.
Buen ejemplo de ello lo constituye la noticia sobre la documentación relacionada con el caso ERE que la actual Junta de Andalucía ha localizado en "sobres lacrados" y escondidos en tres cajas fuertes en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, y que ya ha sido entregada al Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla. ¿Se imaginan la cobertura que habría tenido este hallazgo si fuera el PP, y no el PSOE, el partido que hubiera ocultado a la Justicia esa documentación y hubiera protagonizado esta operación fraudulenta, por la que la Junta entregó miles de millones de las antiguas pesetas a una empresa de Jaén a sabiendas de que dichas ayudas ya se habían declarado ilegales por la Unión Europea?
Otro tanto se puede decir del silenciado escándalo de los sobresueldos que afecta a Podemos: lejos de asumir la más minima responsabilidad por las "graves irregularidades financieras" detectadas por los abogados que trabajaban para el partido –uno como delegado de Protección de Datos y el otro como responsable de Cumplimiento Normativo–, el partido de Pablo Iglesias los ha destituido. Habría que oír a Pablo Iglesias o a Pedro Sánchez si fuera el PP el partido protagonista de este bochorno.
Ni que decir tiene que Pablo Iglesias no ha dado la menor explicación –ni el PSOE se la ha pedido– sobre los supuestos sobresueldos en la dirección, los contratos a dedo en beneficio de personas afines o las manipulaciones en votaciones electrónicas en primarias y otras consultas internas. Lo más que ha hecho oficiosamente la cúpula de Podemos es relacionar el escándalo con la marcha del jefe de Gabinete de Pablo Iglesias, Pablo Gentili, a Argentina, donde será secretario de Estado de Educación del nuevo Gobierno.
Así las cosas, está claro que el PSOE y Podemos se tapan mutuamente las vergüenzas para blanquear su corrupción política y económica con el mismo descaro con el que blanquean a sus aliados secesionistas. Lo más lamentable es que el tan bien llamado Gobierno del insomnio cuente con la ayuda de tanto medio de comunicación a la hora de desinformar a los españoles.