Se adivina de una forma tan inexorable como la que se desprende de la ley de la gravedad. El Gobierno no tiene más remedio que rebajar los ingresos que reciben los pensionistas; y que, por cierto, pagan impuestos (una doble tributación). Se disfrazará de "justicia social". Es un cómodo expediente para reducir más las pensiones mejor retribuidas, que son las que han cotizado más años y de mayor nivel profesional. La operación se hará con toda desfachatez porque los pensionistas no forman un grupo de influencia; realmente, constituyen el conjunto más desasistido y numeroso de la población, el auténtico explotado. Viene a ser la reproducción de los históricos proletarios. No hay más que ver últimamente el equivalente de un genocidio: el hecho de la inusitada mortalidad de las residencias de mayores por causa del virus chino. Ha sido un escarnio monumental el desamparo de esa población asilada. En teoría, depende del vicepresidente Iglesias. No se ha visto que el tal haya pedido perdón. No es su estilo.
Los grupos de influencia funcionan para las personas activas, más todavía cuando logran arrimarse a los partidos políticos con poder. Por definición, los pensionistas son preteridos, de forma consciente, en las instituciones de representación política, sindical, parlamentaria. El mérito de la experiencia es un valor que se considera, socialmente, insignificante.
Hace un siglo empezó a hablarse de establecer la edad de jubilación en torno a los 65 años, solo que entonces tal límite se situaba muy por encima de la esperanza de vida al nacer (los años probables de vida para la población). Hoy, a pesar de la pandemia, el límite estadístico supera, con mucho, los 65 años, pero seguimos con la inercia de la jubilación forzosa alrededor de esa edad. Es algo que no tiene explicación, como suele ocurrir en tantos casos.
La España de principios del siglo XX era uno de los países europeos con la máxima natalidad; hoy se sitúa en la mínima mundial. Solo por un vaivén de tal magnitud habrá que concluir que la sociedad española se mueve con un notable ímpetu. Es decir, el estrato de los pensionistas se expande desaforadamente. No es que seamos una vieja nación, sino una nación de viejos. Podría significar un éxito de supervivencia (a pesar de la pandemia del virus chino; después de todo, algo ocasional), pero da la impresión de que la Seguridad Social se halla quebrada. No va a haber dinero público para seguir pagando el monto de las pensiones de jubilación, incluso aunque las rebajen. He aquí un bonito problema, que no tiene solución. Se podría establecer un concurso de ideas para dar con la salida del laberinto.
Una cosa es tan cierta como inesperada. La actual crisis sanitaria (mucho más costosa de lo que se reconoce) nos ha llevado a concluir que se ha terminado el modelo de las residencias de mayores, públicas y privadas. En su día, también se fundaron asilos, lazaretos, manicomios, orfanatos, reformatorios y otros alojamientos ya caducados. La salida tampoco puede ser la eutanasia sistemática, que algunos se la toman con cierta alegría, más que nada porque equivale al cobro de las herencias. La estructura familiar actual no sabe o no quiere cargar con el cuidado de las personas longevas. Así pues, ¿qué hacer con ellas?
Habrá que revisar también la pretensión administrativa por la que una persona tiene que dejar de trabajar a una edad fija, sean los 65 o los 70 años. Es una decisión que debería corresponder a la persona interesada, en todo caso con el auxilio del médico de cabecera. Por lo mismo que tiene que haber una jubilación prolongada en ciertos supuestos, también debe existir la jubilación anticipada con todas las de la ley. Cada caso individual representa una historia. Es algo que no suele reconocer mucho la Administración Pública, amiga siempre del café para todos, el método que facilita el trabajo de los funcionarios y, no digamos, el de los políticos a cargo de las instituciones. Aunque la metáfora no es buena, ya que los españoles gustan de tomar café de mil formas.