El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del supremacista Quim Torra contra la sentencia que le condenó por incumplir, “de forma reiterada y contumaz”, las órdenes de la Junta Electoral Central para que retirara de las fachadas de las sedes institucionales catalanas las pancartas de apoyo a los separatistas presos por sedición.
En su auto, notificado en la tarde de este lunes, el Supremo confirmó el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que condenó a Torra a una multa de 30.000 euros y a un año y medio de inhabilitación, por lo que el lacayo del prófugo Carles Puigdemont dejó en ese mismo instante de ser presidente del Gobierno regional de Cataluña.
En primer lugar, cabe felicitarse de que las distintas instancias judiciales hayan sido unánimes al sancionar las mamarrachadas liberticidas del personaje. Dadas las maniobras de una Fiscalía entregada servilmente al Gobierno y sus socios separatistas, esa unanimidad permite a la ciudadanía confiar en que la Justicia cumpla con su deber sin dejarse manipular y por tanto degradar por el Ejecutivo social-comunista.
Pero la grave desobediencia del aborrecible Torra, que ha puesto a su Gobierno en abierta en rebeldía contra el orden constitucional, no debe resolverse con una mera sustitución de circunstancias en la cúpula del Ejecutivo regional. La destitución ha de ser plenamente efectiva y cualquier manifestación de complicidad de las autoridades catalanas con el condenado, convenientemente perseguida de oficio por el Ministerio Público.
Esta condena ha de tener también consecuencias tanto en la política interna de Cataluña, abocada a unas elecciones anticipadas, como en las relaciones del Gobierno con los golpistas, de cuyo apoyo parlamentario depende la propia supervivencia política de la banda de Sánchez.
Las denuncias sucesivas de Vox, PP y Ciudadanos han permitido a la Justicia inhabilitar a Torra, pero esto, con ser positivo, no resuelve el grave problema que representa el separatismo golpista. Ahora toca ser especialmente vigilantes e inflexibles en la denuncia de las cesiones que Sánchez tratará de hacer al secesionismo para seguir empotrado en la Moncloa.