Barcelona es una pista americana del terrorismo callejero, un parque temático de la violencia con delegaciones en las principales ciudades catalanas. La región se degrada a ojos vista. Las calles arden mientras las autoridades mienten para justificar la violencia extrema de los cachorros de los partidos separatistas y antisistema. Es imposible que las administraciones repriman la violencia cuando dicha violencia parte de los partidos y ámbitos que controlan la Generalidad y el Ayuntamiento de Barcelona.
La última manifestación, esa en la que estuvo a punto de resultar abrasado un agente de la Guardia Urbana, fue convocada por la CUP, sus juventudes, Arran, el sindicato de estudiantes afín y los Comités de Defensa de la República (CDR). ¿Qué van a condenar entonces los políticos separatistas? ¿A sus brigadas de la gasolina, a sus niños del cóctel molotov, a sus propios hijos? ¿Y qué va a condenar Colau?
Cada vez que la alcaldesa de esa ciudad catástrofe que es Barcelona se refiere a la violencia, se pasa media hora previa perorando sobre el derecho de manifestación, las "legítimas" protestas, el "malestar" juvenil y esas supuestas violencias cotidianas que dice que sufren sus ninis. Y luego ya si acaso y para acabar pide que los pirómanos se expresen de manera pacífica. Es de una hipocresía que provoca arcadas, de una obscenidad insoportable, de una inmoralidad que linda lo delictivo.
Recordaba este lunes el sindicalista Eugenio Zambrano el caso de Juan José Salas, el guardia urbano que yace en una silla de ruedas desde 2004 a consecuencia de las heridas sufridas en el desalojo de una fiesta okupa en Barcelona. El antisistema Rodrigo Lanza, que cumple condena por el asesinato en Zaragoza de Víctor Laínez, también fue sentenciado por ese caso, pero tras una avasalladora campaña en la que participaron Ada Colau y Jaume Asens, portavoz de Podemos en el Congreso, fue puesto en libertad cuando no habían transcurrido ni cinco años de su encarcelamiento.
De Lanza se dijo que era del todo inocente, víctima propiciatoria de la conspiración de una mafia policial, cabeza de turco que pasaba por ahí. La asociación que lo defendía, Iridia, recibió y recibe suculentas subvenciones de las administraciones públicas con el único fin de poner bajo sospecha todas las actuaciones policiales. La mamá del prenda fue tratada con toda consideración mientras a la familia del agente Salas las autoridades no les daban ni los buenos días. El abogado era Gonzalo Boye, condenado por el secuestro de Emiliano Revilla, y en la actualidad letrado de lujo de Torra, Puigdemont y del narco Miñanco. Boye, el mismo patrono del "Observatori Desc", el chiringuito de procedencia de Colau, Asens y Pisarello.
A día de hoy, según ha recordado Zambrano, la familia de Salas todavía espera unas palabras de apoyo y reconocimiento de Colau. Espera en vano, claro. Subyace en la alcaldesa ese poso de la izquierda por el que los policías son considerados lacayos, perros, seres inferiores, infrahumanos. Se demostró con el vacío en torno al agente de la Policía Nacional que estuvo a punto de perder la vida y que ha quedado inválido tras ser alcanzado por un pedrusco en lo que los separatistas llaman con orgullo "la batalla de Urquinaona", unos disturbios tras ser dadas a conocer las penas por el golpe de Estado separatista.
Llevan días los políticos separatistas y podemitas riéndose de quienes alertan sobre la violencia en las calles, compadeciéndose en cachondeo de los contenedores de basura, diciendo que la violencia procede de las fuerzas policiales que dirigen ellos mismos, de las presuntas provocaciones de Mossos y Guardia Urbana. Y menos mal que la Policía Nacional y la Guardia Civil han quedado al margen, pero no para preservar su imagen sino porque la función del ministro de Interior, Marlaska, es anular a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a fin de que en Cataluña se den las condiciones adecuadas para que triunfe el próximo golpe de Estado separatista.
Han alimentado la violencia con sus discursos, con sus justificaciones, con sus lamentos por el rapero y por el desempleo crónico al que ellos mismos han condenado a cientos de miles de jóvenes tras haberles negado un futuro con sus aberrantes leyes educativas y delirantes planes de estudios. Y cuando ya no les queda más remedio, cuando hasta el empresariado catalán exige orden (ese mismo empresariado preñado de supremacismo que, salvo excepciones, ha sufragado el proceso separatista con alegría), sólo entonces dicen que condenan la violencia "venga de donde venga", la infalible fórmula batasuna de los años del tiro en la nuca y las bombas lapa. ¿Se puede ser más miserable?