Todos los lectores recordarán la infamia perpetrada hace poco menos de un año por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al destituir fulminantemente al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos, tras negarse este a informar a sus superiores de las investigaciones que estaban llevando a cabo los guardias civiles a su mando como policía judicial en torno a la autorización de las funestas manifestaciones feministas del 8-M de 2020.
En línea con lo denunciado en su día en estas mismas páginas, la Audiencia Nacional acaba de confirmar que "el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir [Pérez de los Cobos] con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban: no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso; lo que, entre otras cosas, podría haber sido constitutivo de un ilícito penal".
Bien está que la Audiencia Nacional haya anulado la destitución de este ejemplar coronel de la Guardia Civil, y ordenado a Marlaska su restitución. Lo que no es de recibo es que, tras tan contundente y clamorosa reprobación judicial, el ministro del Interior no haya dimitido o sido destituido de forma fulminante.
Es lógico que el Gobierno tuviera el máximo interés por conocer qué estaba averiguando la Guardia Civil respecto a un caso como el de las temerarias manifestaciones del 8-M, que afectaba directamente al delegado del Gobierno en Madrid y, de forma indirecta, a todo el Ejecutivo. Ahora bien, incitar a Pérez de los Cobos, tal y como hizo Interior, a que violase el secreto que le exigía la juez que investigaba el caso para informar al Gobierno de los detalles de la imputación fue una ruindad sólo superada por la decisión de Marlaska de destituirlo tras negarse a violar la ley. Téngase presente que incitar a un subordinado a que perpetre un ilícito penal puede ser, a su vez, constitutivo de delito. Como lo es también hacer caso omiso del artículo 550.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que literalmente advierte: “Los funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubiera encomendado una actuación o investigación (…) no podrán ser removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente”.
Al margen de que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, no es concebible que Marlaska, dada su condición de ex magistrado y ex vocal del CGPJ, ignorara que lo que hacía con Pérez de los Cobos era ilegal. Aun así, y a la espera de cuáles puedan ser las consecuencias penales que pudiera acarrear al propio Marlaska su inmoral proceder, es evidente que sólo desde la más infame complicidad puede Pedro Sánchez mantener a semejante indeseable como ministro del Interior.