Es muy ruin por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que sólo se haya acordado de la propuesta del PP de subir el sueldo a los guardias civiles como forma de aplacar el clamoroso malestar en la Benemérita después de su ominosa decisión de destituir fulminantemente al jefe del Instituto Armado en la Comunidad de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, justo después de que se conociera que la Guardia Civil había remitido un informe al juzgado que investiga al delegado del Gobierno en Madrid por autorizar las manifestaciones feministas del 8-M, cuando ya había casos de coronavirus.
Ese profundo malestar, que ha llevado este martes al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el general Laurentino Ceña, a presentar su dimisión en solidaridad con el coronel fulminado, es perfectamente lógico si se tiene en cuenta que, tal y como la juez Carmen Rodríguez-Medel ha tratado de explicar en una carta a Grande-Marlaska, el hecho de que Pérez de los Cobos no informara al ministro del Interior de que había remitido dicho informe al juzgado sólo demuestra hasta qué punto el coronel, como responsable de la Guardia Civil, que actuaba como policía judicial en la causa, cumplió con su deber de "guardar rigurosa reserva" sobre la evolución y el resultado de las investigaciones.
A este respecto, conviene recordar que el artículo 550.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece:
Los funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubiera encomendado una actuación o investigación concreta dentro de las competencias a que se refiere el artículo 547 de esta ley no podrán ser removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente.
Un informe como el remitido por orden de Pérez de los Cobos a la juez Rodríguez Medel habrá sentado fatal al Gobierno de Sánchez, pues de él claramente se desprende que no solo el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, sino el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, eran perfectos conocedores del riesgo de contagio masivo que entrañaban manifestaciones como las que se celebrarían el 8-M, como demuestra el hecho de que prohibieran a los representantes de la Iglesia Evangélica celebrar cualquier tipo de evento multitudinario en una reunión celebrada el 5 de marzo.
Aunque este demoledor informe de la Benemérita venga a confirmar la temeridad del Gobierno al promover las manifestaciones feministas del 8-M, la venganza de Grande-Marlaska contra Pérez de los Cobos no viene sino a reforzar la idea de que unos presuntos delincuentes habrían preferido poner en riesgo a la población antes que renunciar a unas concentraciones destinadas a dar cobertura propagandística al bodrio legislativo del 'sólo sí es sí'.
Es lógico que un Gobierno que va camino de sentarse en el banquillo por su clamorosa negligencia –presuntamente criminal– a la hora de prevenir la expansión del coronavirus, y, que para colmo, busca sus apoyos en formaciones golpistas y proetarras como ERC o Bildu, pierda la confianza en un guardia civil ejemplar, destacado por su labor contra el golpismo sesesionista catalán tanto como por su lucha contra el terrorismo etarra. De hecho, la única objeción que –sólo hasta cierto punto– se podría hacer a Pérez de los Cobos es la ciega obediencia con la que ordenó una protección sobredimensionada del domicilio del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, para impedir que se celebraran en sus inmediaciones protestas por la pésima gestión gubernamental de la pandemia.
En cualquier caso, sea o no constitutiva de delito, la bajeza moral de Grande-Marlaska al defenestrar a Pérez de los Cobos cuando ni siquiera ha concluido la fase judicial por las manifestaciones del 8-M es razón más que suficiente para pedir su dimisión, tal y como ya han hecho Vox, PP y Ciudadanos.
Sea como fuere, si el lema de la Guardia Civil es "El honor es mi divisa", para Pérez de los Cobos habrá sido un auténtico honor ser destituido por este Gobierno infame.