El Ministerio del Interior forma parte, junto a los de Exteriores, Defensa y Justicia, de la columna vertebral del Gobierno en un sistema democrático. Es un ministerio que tiene como misión principal velar por la seguridad, los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. Por eso, la persona que lo dirige está sometida de forma continua al escrutinio de la opinión pública, y sus acciones u omisiones no resultan en ningún caso indiferentes. El ministro del Interior tiene bajo sus órdenes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado –Guardia Civil y Policía Nacional–, que cuentan con 150.000 efectivos.
El ministro del Interior tiene como una de sus principales tareas la de ganarse el respeto de todas esas personas que componen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a través de un ejercicio ejemplar del poder, siempre dentro de la legalidad y sin actuaciones discrecionales o partidistas. Cuando un ministro del Interior pierde la auctoritas ante sus subordinados ha perdido prácticamente todo, y en ese supuesto lo mejor que puede hacer es dejar voluntariamente el cargo, si quien lo ha nombrado, el presidente del Gobierno, no toma la decisión de destituirlo.
La reciente sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional calificando de “ilegal” el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por no informar a su superiores de la investigación reservada llevada a cabo por la Benemérita en el marco de la causa instruida sobre la manifestación del 8-M del pasado año que instruía la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid ha desposeído al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de esa auctoritas imprescindible para el desarrollo de su función. La única salida digna que le queda es la dimisión.
La lectura de los 72 folios de la sentencia, que de forma tan clara ha resumido Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, es demoledora para el titular de Interior. Hay párrafos que para quien, como Marlaska, ha sido juez antes que ministro tienen una especial relevancia. Por ejemplo, este:
No podemos concluir más que el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban tanto a la UOPJ como a sus superiores, en este caso el Sr. Pérez de los Cobos, esto es, no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso; lo que, entre otras cosas, podría haber sido constitutivo de un ilícito penal.
El cese del coronel Pérez de los Cobos fue a ojos de la opinión pública lo que se entiende como un abuso de poder contra un servidor del Estado que se negó a cometer una ilegalidad. De ese abuso de poder no se libra, y es obvio que tendría que dimitir también, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, que por cierto trasladó a su entonces director adjunto operativo (DAO), Laurentino Ceña, que la Moncloa había tomado la decisión de destituir a Pérez de los Cobos, cuando el DAO le pidió parar el cese para investigar lo que había pasado.
La sentencia de la Audiencia Nacional va a ser recurrida por el Ministerio ante el Tribunal Supremo, pero el varapalo que ha sufrido Marlaska es de tal magnitud que no debería seguir ni un minuto más en el cargo. Ya ha anunciado que no piensa dimitir. Tiene dos precedentes que sí lo hicieron, por causas diferentes: José Luis Corcuera y el ya fallecido Antonio Asunción. Marlaska está, políticamente hablando, herido de muerte. Prolongar su agonía es malo para él y, lo que es más importante, para el sistema democrático, del que el Ministerio del Interior es una pieza clave.