Me voy a poner la segunda dosis de AstraZeneca. A pesar de todos los expertos, todas las Agencias de Medicación, todos los Gobiernos y todos esos cenutrios que comparan la información fidedigna sobre el ibuprofeno con la confusión de datos que hay sobre las vacunas contra el covid-19. Porque detrás del rechazo popular a AstraZeneca no hay un miedo supersticioso ni una ignorancia de la ciencia. Lo que sí hay es una prudencia razonable respecto a la plaga de mentiras, medias verdades y estadísticas con que Gobiernos y expertos han cebado la pandemia.
Gran parte de la población no es que no crea en las vacunas, es que no confía en los responsables políticos y en los expertos. No se creen los datos porque temen la cocina que hayan podido recibir para colar con ellos colar mentiras farmacéuticamente correctas. El lema de la duda metódica que están aplicando los ciudadanos podría ser: “Vacunas, sí; expertos, no”.
¿Cómo ponerse una segunda dosis de AstraZeneca si los expertos franceses van a poner la de Pfizer? ¿Cómo ponerse la de Pfizer si los expertos de la OMS desaconsejan cambiar de marca respecto a la primera? Pero la culpa de la desconfianza algunos la achacan a los ciudadanos (hartos de tanta manipulación), no a los expertos (que han recomendado no ponerse mascarillas y no hacer test en los aeropuertos), ni a los políticos (que han sometido a la ciudadanía a unas medidas draconianas que han bordeado el estado totalitario de toques de queda y confinamientos).
Los ciudadanos son libres de vacunarse o de no hacerlo. Es el Gobierno el que tiene el deber de ofrecer todos los medios para que la decisión sea lo más informada y razonable posible. Lo que debe estar en cuestión no es la libertad personal sino la competencia del Gobierno. Pero hay muchos expertos sanitarios, reconvertidos en políticos autoritarios en las redes sociales, pretendiendo transformar los derechos en privilegios y satanizando el escepticismo respecto a las mentiras, las manipulaciones y la propaganda del brazo mediático-científico del Gobierno de turno. Me da igual que sea Pedro Sánchez o Boris Johnson, el político inglés que ha pasado de criticar a Tony Blair por pretender imponer un documento nacional de identidad, amenazando así la tradición liberal británica, a proponer un pasaporte de vacunación que atentaría contra el derecho a la privacidad y la igualdad entre todos los ciudadanos.
La clave de esta ola de escepticismo es que junto a la incompetencia del Gobierno está en cuestión el conocimiento de los expertos. ¿Están al servicio de la verdad y el bienestar público, libertades civiles incluidas, o son la voz del amo que les subvenciona y financia? Evalúen cuántos han criticado al poder o han sido su correa de transmisión propagandística. Ni uno solo ha hecho una declaración de conflicto de interés material o ideológico.
Mi libertad acaba donde empieza la del otro, no donde el Gobierno decide arbitrariamente que termina. Y es labor del Gobierno solucionar las externalidades negativas con el menor coste posible, tanto en términos económicos como de libertades. Forma parte del espíritu de servidumbre tratar los problemas colectivos con soluciones autoritarias, como vulneraciones de privacidad y restricción de libertades.
Que se use la excusa de la pandemia para imponer confinamientos y toques de queda y ahora se amenace con pasaportes de vacunación muestra lo cerca que estamos de una mentalidad fascista basada en el miedo a la libertad. ¿Qué será lo próximo, campos de concentración para los no vacunados?