Los líderes independentistas se creían inmunes. La independencia estaba a la vuelta de la esquina. La república catalana era cuestión de semanas. El Estado caía sin oponer resistencia. La victoria separatista era imparable, inevitable. Y el aturdimiento, la nota dominante en un Gobierno desnortado y desbordado, un Ejecutivo en el que Rajoy y Sáenz de Santamaría no daban señales de vida inteligente.
Aun así, un puñado de jueces, policías y guardias civiles combatían sin desmayo el golpe de Estado, ajenos al ambiente, abstraídos del contexto, al margen de la estupefacción bovina de Rajoy y sus principales colaboradores. El 20 de septiembre de 2017 fue el día elegido por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, el magistrado ya fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer, para lanzar la operación Anubis, un certero zarpazo contra la organización del referéndum ilegal.
Una decena de agentes de la Guardia Civil, acompañados por la secretaria del juzgado, se personaron en la Consejería de Economía que entonces dirigía un suficiente y envalentonado Oriol Junqueras. Lo que allí paso es de sobra conocido, aunque el independentismo (salvo ese hombre profundamente alterado que es Jordi Cuixart) ha tratado de extender un manto de olvido. El 20-S no está entre las efemérides que celebran los golpistas.
Miles de personas convocadas por los Jordis, TV3, Catalunya Ràdio y la emisora del conde de Godó se plantaron ante la consejería para tratar de impedir la actuación judicial. La sensación de impunidad era total y absoluta. Durante horas mantuvieron encerrada en aquel señorial edificio a la parca comitiva. Dentro, el ambiente era tenso. Algunos funcionarios no disimulaban su desprecio hacia los agentes de la Guardia Civil. Fuera, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart alardeaban de su manejo de las masas mientras daban órdenes a los mossos para que se colocaran en un segundo plano.
Algunos episodios de ese día son directamente alucinantes. El juez Ramírez Sunyer llamó a Trapero para que garantizara la seguridad de la secretaria judicial. De entrada, el jefe de la policía regional colgó al magistrado porque, adujo, no tenía claro que la llamada fuera auténtica. Así que ordenó a un propio llamar al juzgado para ver si el juez quería hablar con él. Un fenómeno, Trapero.
También estuvieron a la altura, dicho sea en tono irónico, los propietarios del teatro Coliseum, los descendientes de Pedro Balañá, que dieron instrucciones para que no se permitiera a la secretaria judicial camuflarse entre el público que salía de la última función. La presión de los mossos que acompañaban a la funcionaria y unas pertinentes llamadas de sus mandos vencieron la resistencia de los Balañá, quienes tal vez pensaron que un acto de humanidad con una servidora pública les podía causar algún contratiempo en el régimen que se avecinaba.
Pasadas casi 24 horas desde el inicio de la operación los guardias pudieron abandonar la consejería. En la calle, los restos de la batalla, los coches destrozados, contenedores quemados, mobiliario urbano destrozado, orines, basura y cristales rotos.
El golpe de Estado fracasó en gran medida por aquella actuación y por la contención ejercida por la Guardia Civil y la Policía Nacional a las órdenes del coronel del Instituto Armado Diego Pérez de los Cobos a lo largo del 1 de octubre, fecha, esa sí, para la que están previstos grandes fastos separatistas.