La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, anunció el sábado, durante la concentración convocada por su organización en la Plaza de Colón en Madrid, que estaba pensando retirar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la Medalla de la Dignidad, que le concedió en 2017, cuando se desempeñaba como juez en la Audiencia Nacional. En ese momento, muchos de los asistentes gritaron: "¡Quítasela!, ¡quítasela!", a lo que Araluce contestó que así lo haría, ya que consideran que el titular de Interior es directamente responsable, junto a Pedro Sánchez, de la política de acercamiento de presos de ETA a cárceles ubicadas cerca de o en el propio País Vasco.
Este gesto de retirar la Medalla de la Dignidad a Grande Marlaska refleja perfectamente cuál es el estado de ánimo de una inmensa mayoría de las víctimas del terrorismo ante la política seguida por el Gobierno de Sánchez en todo lo relacionado con los presos de ETA o con los herederos políticos de la banda terrorista.
Sería injusto echar toda la culpa de esta situación al actual presidente del Gobierno. Todo empezó con Zapatero, que nada más llegar a la Moncloa (2004) puso en marcha su proceso de negociación política con ETA. Las víctimas se convirtieron entonces en un obstáculo, en algo molesto, por lo que se las intentó orillar y acallar. No lo consiguieron, porque la AVT, presidida entonces por Francisco José Alcaraz, lideró lo que se conoció como la Rebelión Cívica, que consiguió movilizar a decenas de miles de españoles en manifestaciones multitudinarias bajo el lema En mi nombre, no.
El Gobierno de Rajoy tampoco se caracterizó por mostrar empatía y apoyo a las víctimas. Baste recordar la vergonzosa decisión de facilitar la liberación de Josu Uribetxeberria Bolinaga, uno de los secuestradores de José Antonio Ortega Lara, con el argumento de que padecía una enfermedad terminal, a la que sobrevivió dos años y cuatro meses desde su puesta en libertad.
El Gobierno de Sánchez ha cometido varias indignidades, que lógicamente han ofendido y herido la Memoria, la Dignidad y la Justicia, las tres reivindicaciones de las víctimas del terrorismo. La mayor de ellas ha sido el blanqueamiento de los herederos políticos de ETA. Los pactos de Sánchez con Bildu en Navarra y en el Congreso de los Diputados, tratando a esta coalición –en la que Sortu tiene prácticamente todo el peso– como si se tratara de una formación política más, es una ofensa, no sólo a las víctimas del terrorismo de ETA sino a la sociedad española, que padeció durante muchos años el dolor causado por la banda terrorista.
Como consecuencia de esos pactos de Sánchez con Bildu, los presos de ETA han ido siendo acercados durante los dos últimos años –los "viernes negros", expresión acuñada por Dieter Brandau– a cárceles cercanas a o ubicadas en el País Vasco. En algunos casos, denunciados por la AVT o por la Asociación Dignidad y Justicia presidida por el infatigable Daniel Portero, sin ningún tipo de arrepentimiento por parte de esos presos. Además, hace unos meses se transfirió al Gobierno de Vitoria la competencia sobre las cárceles que hay en la Comunidad Autónoma Vasca, lo que le ha permitido ir arbitrando medidas para que los presos etarras puedan ir gozando paulatinamente de beneficios penitenciarios y quedando en libertad.
Las víctimas tienen que saber que, salga o no mucha gente a la calle en apoyo de sus reivindicaciones –el sábado no hubo mucha en la Plaza de Colón–, la mayoría de los españoles seguimos estando con y junto a ellas. Como decía nuestro querido y recordado Gabriel Moris, que en el atentado del 11-M perdió a su hijo Juan Pablo: "No hay que olvidar lo inolvidable".