Se ha dicho o se ha estado a punto de decir que el separatismo catalán decide quién dirige el CNI. En todo caso, lo que ha decidido es quién no lo dirige. Lo ha decidido de forma indirecta, sí, pero efectiva. Al destituir a la directora Esteban para aplacar a Esquerra, el Gobierno ha dado a los separatistas una capacidad decisoria sobre asuntos y estructuras del Estado de la que hasta ahora carecían. Que se sepa. Porque cabe preguntarse sobre el alcance de esa misma influencia en otras ocasiones. En concreto, sobre si hubo o no Gobiernos que desecharon informes de inteligencia sobre actividades del separatismo que amenazaban al Estado para evitarse el trago político de actuar contra ellas. De actuar, por así decir, antes de tiempo. Basta pensar en los prolegómenos del golpe de octubre y en su epílogo fugitivo. ¿No se supo nada o no se quiso saber? Ahí queda la duda. Y quedará.
No hay dudas, sin embargo, sobre otra cuestión, y es que al CNI lo están presentando desde el Gobierno como un organismo que hace la guerra por su cuenta. Como un servicio de inteligencia que espía a dirigentes políticos sin informar al ministerio del que depende, y que no actúa a las órdenes del Ejecutivo, sino de forma autónoma y anárquica. Y hay quien ha dado por verosímiles mensajes gubernamentales en ese sentido. Pero si el CNI fuera como lo están pintando desde el Gobierno, una maquinaria opaca e impenetrable que no rinde cuentas ante los gobernantes democráticamente elegidos, no hay que destituir a la directora: hay que cerrarlo. Cosa que no va a ocurrir.
Las falsas pistas sobre los hechos que han culminado con la destitución de la directora del CNI se han acumulado y entrelazado. El Gobierno ha colocado una más cada día como para forjar la confusión necesaria a fin de que se desista del intento de desenredarla. La más notable de esas falsas pistas fue la revelación de que los móviles del presidente y de varios ministros también –¡también!– habían sufrido intrusiones y robo de información con el spyware Pegasus. Lo insólito del reconocimiento oficial de esa brecha de seguridad lo hacía sospechoso. Tras la destitución de Esteban ha quedado claro cuál era el propósito de tan singular revelación. Se quería disponer de una justificación para hacer rodar una cabeza, al menos, de las que pedían los separatistas por la vigilancia a la que fueron sometidos. Vigilancia legítima y justificada.
Las cesiones hay que evaluarlas en relación al riesgo que se pretende evitar. De modo que la cuestión a dilucidar es qué riesgo corría el Gobierno Sánchez en caso de no ceder a la exigencia separatista en este asunto. Y la respuesta más acorde con las coordenadas políticas es que el riesgo era mínimo. Ni Podemos iba a salir del Gobierno ni Esquerra iba a hacerlo caer. Irían contra sus propios intereses. Lo más sobresaliente de esta cesión es que era innecesaria. Igual que tantas otras de las que se han hecho al separatismo catalán. Pero hay gobernantes que no controlan sus ataques de pánico.