El Gobierno ha conseguido impulsar, con el apoyo de sus aliados separatistas y proetarras, y por un método superexprés, la contrarreforma de la reforma que él mismo Ejecutivo llevó a cabo hace sólo unos meses que impedía que el Consejo General del Poder Judicial , con mandato caducado hace más de tres años, pudiera realizar cualquier tipo de nombramiento. Ahora, Sánchez necesita que el CGPJ nombre a dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional porque de esa forma él también podrá elegir a otros dos, lo que le permitirá imponer una mayoría "progresista".
Naturalmente, no se trata ahora de salir en defensa de aquel bodrio jurídico, de más que dudosa constitucionalidad, que constituyó la reforma de la Ley Organica del Poder Judicial de marzo de 2021 y que vetaba al CGPJ la posibilidad de hacer cualquier clase de nombramiento mientras continuase en estado de interinidad. Por el contrario, de lo que se trata es de denunciar que esta "contrareforma" sólo devuelve al CGPJ en funciones la capacidad de nombrar a sus dos magistrados del Tribunal Constitucional y, sin embargo, mantiene la prohibición de hacer nombramientos en otras instancias judiciales como el Supremo, donde la falta de jueces amenaza con llevar al colapso a algunas salas. De lo que se trata es de denunciar también que esta contrareforma expres se lleva adelante haciendo oidos sordos al propio CGPJ que ha solicitado al Congreso que le recabe un informe al respecto. De lo que se trata es de denunciar que esta "contrarreforma" persigue en el fondo el mismo objetivo que la que viene a derogar y que no es otro que el control por parte del Poder Legislativo de la cúpula del Poder Judicial. Y es que, aunque han sido distintas las formas con las que el gobierno social/comunista ha querido hacerse con ese control, todas ellas han sido arteras y todas tienen el mismo denominador común: la oposición del Ejecutivo socialista a la independencia del Poder Judicial y a un cambio legislativo para que, al menos la mitad de los miembros del Órgano de Gobierno de los Jueces, sean elegidos por los propios miembros de la carrera judicial y, no en su totalidad, por el Congreso y el Senado. Esto es lo que literalmente señala el tantas veces traicionado articulo 122.3 de la Constitución española y esto es, precisamente, lo que la Comisión Europea ha exigido al gobierno español, por enésima vez, este mismo miércoles en su tercer Informe sobre el Estado de Derecho. Y es que, como advierte Bruselas, "no es acorde con los estándares europeos" – nosotros dirímos, no es acorde con un Estado de derecho digno de tal nombre- que el Poder Judicial sea simple correa de transmisión del Poder Legislativo.
Así las cosas, y a pesar de lo que diga la machacona, artera y exitosa propaganda del gobierno, no es el PP -como tampoco lo es la Constitución, Bruselas, Vox o Ciudadanos- los que "bloquean la renovación de los órganos judiciales" en España. Es el empecinamiento de los socialistas por mantener enterrados a Montesquieu y a la separación de poderes que este simboliza.
Aun así, tampoco hay que fiarse de la aparente voluntad del PP por resucitar la independencia judicial; más aún, si recordamos los pasados cambalaches del PP y el PSOE para repartirse los nombramientos judiciales; o las razones de la destitución de Álvarez de Toledo; o si tenemos presente el escaso interés que hasta la fecha han mostrado dirigentes del PP como el propio Feijóo o González Pons por acabar de una vez con ese "obsceno espectáculo de ver a políticos nombrar a los jueces que pueden juzgar a esos políticos", tal y como denunció fugazmente el ex ministro de justicia del PP, Alberto Ruiz Gallardón. En este sentido, hay que advertir también que el acuerdo que González Pons propone al gobierno reivindica formalmente la independencia judicial pero no reclama como conditio sine qua non un cambio en el sistema de elección de los miembros del CGPJ.
En cualquier caso, bien está toda oposición -mientras dure- al intento social/comunista de hacerse con el control del Tribunal Constitucional con el apoyo de quienes aspiran a la voladura de nuestro orden constitucional y de nuestra nación entendida como Estado de derecho.