El hundimiento de Barcelona comenzó con el alcalde Xavier Trias, que gobernó la ciudad entre 2011 y 2015. Pediatra de profesión, sólo ejerció como tal durante siete años. A partir de entonces, hizo carrera en la administración pujolista y también como candidato de Convergencia al Congreso y al Ayuntamiento. Con fama de hombre moderado y apacible, sentó las bases del posterior desastre al poner la capital catalana al servicio del separatismo y a merced de los okupas.
Mientras Barcelona perdía el escaso crédito de un cosmopolitismo que aún se le suponía, Ada Colau se forjaba como líder mediática contra los desahucios causados por el estallido de la burbuja inmobiliaria. La actual alcaldesa procedía de una entidad denominada Observatorio DESC (derechos económicos, sociales y culturales) en la que coincidió con personajes como Jordi Borja –un histórico del PSUC–, Jaume Asens, Gerardo Pisarello o Gonzalo Boye, el letrado estrella del independentismo, un chileno que fue condenado por colaborar en el secuestro a cargo de ETA del empresario Emiliano Revilla.
La debilidad de Trias, sus cesiones ante las revueltas okupas y el drama de los desahucios auparon a Colau a la alcaldía. A partir de ahí, se aceleró la degradación de Barcelona. Detrás del discurso contra los bancos, las inmobiliarias y los recortes que sedujo a gran parte del electorado no había propuestas para facilitar el acceso a la vivienda que prometía Colau, sino un amplio repertorio de políticas de extrema izquierda camufladas bajo el eslogan de humanizar la ciudad y devolvérsela a sus habitantes.
Como quiera que en las primeras semanas del gobierno de Colau no ardieron ni el Círculo Ecuestre, ni el del Liceo ni el de Economía, eso que llaman burguesía catalana volvió al dolce far niente no sin antes establecer una especie de pacto de convivencia con los rectores neocomunistas de la administración local. Sólo aquellos dedicados al turismo osaron alzar la voz por razones obvias, ya que Colau y sus compañeros adosaron al sector todos los problemas pasados, presentes y futuros a pesar de ser la fuente de empleo de un nada desdeñable porcentaje de habitantes de la ciudad y su extrarradio.
Con Colau y los suyos llegó también la demolición del principio de autoridad y el desmantelamiento de la unidad de antidisturbios de la policía local, a la que acusaban de actuaciones extremas contra los okupas. En una de esas actuaciones quedó tetrapléjico un guardia urbano y fue condenado por ello Rodrigo Lanza, quien tras salir de la cárcel acabaría en Zaragoza con la vida de Víctor Laínez, cuyo "delito" fue portar unos tirantes con la bandera de España en presencia del okupa. Asens, Boye y Colau se volcaron en defender la inocencia de Lanza en el caso del agente Juan José Salas, que sobrevive postrado en una silla de ruedas. En el caso de Laínez no se tiene constancia de declaración alguna de Asens, hoy diputado del grupo de Podemos en el Congreso, o de Colau. Tampoco Pisarello o Boye dijeron nada.
La sensación de impunidad debida a la tolerancia frente al delito, sea el que sea, es la impronta del gobierno municipal de Colau. Entre delincuentes okupas y legítimos propietarios, la administración municipal parece optar por los primeros, igual que entre delincuentes comunes y víctimas y policías. Y siete años después del acceso al poder municipal en Barcelona de la versión catalana de los podemitas, nada ha cambiado en materia de vivienda, el gran tema que iban a resolver de una vez por todas.
Otra cosa sucede en ámbitos como el de la seguridad ciudadana o la limpieza, percibidos por la ciudadanía como los dos principales problemas de la ciudad. El robo de una bolsa en la playa de San Miguel, del barrio de la Barceloneta, no ya a plena luz del día sino en medio de una conexión en directo de TVE que entrevistaba a un turista feliz por la playa y la manduca barcelonesas es el resumen esférico de la situación. Medios mirando para otro lado en el nuevo oasis catalán mientras Barcelona avanza a pasos agigantados hacia su conversión en la Caracas del Mediterráneo. Nada que ver con la Copenhague del sur de Europa pretendida por los separatistas y cada vez más cerca de las ruinas de La Habana por las que suspiran los comunistas locales.
Según la última encuesta del Ayuntamiento de Barcelona, que data del pasado mes de junio, "los problemas que más preocupan a los barceloneses y las barcelonesas son la inseguridad (22 %), la limpieza (11,5 %), la gestión política municipal (7,7 %), el acceso a la vivienda (7,3 %) y el turismo (6,1 %)".
Hay calles del centro de Barcelona que son un auténtico vertedero. El hedor es insoportable. Proliferan los carteristas, "relojeros", los descuideros, los pedigüeños agresivos, los narcotraficantes y los delincuentes sexuales. Para el equipo de Colau, la culpa es del turismo, ese sector que en Madrid, París, Roma, Londres o Nueva York no es un problema, sino un motor de crecimiento y bienestar. La última iniciativa del gobierno municipal de Barcelona al respecto es pedir al Estado y a la Generalidad que limite los cruceros de lujo en el puerto de la Ciudad Condal. Prefieren otra clase de turismo, el que llaman "sostenible" y que en Barcelona se traduce en el turismo del sexo y la droga baratos y el turismo de botellón, de fin de curso y de despedidas de soltero.
No puede retratarse mejor. Entrevistan a un hombre para preguntarle qué le gusta más de Barcelona mientras por detrás roban un bolso en directo.
— 📈📷Carlos JG (@CarlosJG) August 14, 2022
🤦🏻♂️ pic.twitter.com/l63ohaFcgQ
Pero la misma encuesta que alerta del malestar de los barceloneses en cuestiones como la seguridad, la limpieza, la gestión municipal o el acceso a la vivienda también señala que a menos de un año de las próximas elecciones locales, Colau encabeza la lista ganadora. Ahí va el resumen del sondeo en la materia según el propio Ayuntamiento: "BComú, el partido de Colau, sube y llega al 11,9 % de intención directa, un punto más que ERC (10,9%). El 7,5 % se inclina por el PSC y el 3,4 % por J×Cat. El resto de partidos quedarían fuera del Consistorio: la CUP (2,9 %), el PP (1,7 %), VOX (1,1 %), Ciutadans (0,8 %) y el PDeCAT (0,2 %)".
Para frenar la degradación, la "burguesía" prepara el retorno del afable Xavier Trias como candidato y hasta la irrupción de un expresidente del Barça, Sandro Rosell, hijo de uno de los fundadores de Convergencia.