El acercamiento de los etarras más sanguinarios a cárceles del País Vasco es la última agresión del Gobierno de Pedro Sánchez a las víctimas de ETA. El traslado de criminales como Parot o "Txapote" a los centros penitenciarios regidos por el ejecutivo del PNV es el principio de una amnistía encubierta a tenor de las condiciones de las que disfrutan los etarras que "cumplen" condena en esas prisiones. Allí residen en módulos llamados de respeto vedados a los funcionarios, con habitaciones individuales y sueldos a cargo del erario público por labores como la de atender economatos. Y a un paso de permisos de fin de semana, salidas habituales de las instalaciones penitenciarias con cualquier excusa y terceros grados.
La estancia en cárceles vascas de estos criminales no guarda la más mínima relación con el daño causado a la sociedad, con las decenas de asesinatos que acumulan a sus espaldas. Ni tampoco con el hecho de que ni se han arrepentido, ni colaboran con los tribunales en el esclarecimiento de los numerosos crímenes de la banda sin resolver. Son los presos más "duros", refractarios a cualquier atisbo de reinserción que no sea la de ser tratados como héroes en homenajes donde se ensalzan sus crímenes.
Que Pedro Sánchez, a través del ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, haya autorizado el traslado de estos asesinos no sólo es el pago del apoyo de los portavoces proetarras de EH Bildu o del PNV a sus decretazos e improvisaciones. Indica también un grado de inmoralidad que hace que el dolor de las víctimas sea inaguantable, como ha expresado la hermana de Miguel Ángel Blanco, asesinado por el tal "Txapote" y "homenajeado" por el propio Sánchez el pasado julio, cuando se cumplieron 25 años de su secuestro y asesinato.
Sánchez pretende blanquear ETA, su pasado y presente, dar pie a que se acomode en las instituciones e imponga lo que no consiguió con casi mil asesinatos, el mismo referéndum separatista con el que ERC extorsiona al Gobierno. El episodio del traslado de Parot y "Txapote" junto a otros once asesinos es definitivo. Sánchez no es cómplice sino autor material y sus socios son los que son. Que se insulte así a las víctimas de estos criminales y que se premie con toda clase de beneficios penitenciarios y reducciones de condena a los etarras es obra del Gobierno socialcomunista que preside Sánchez con el apoyo de los proetarras y los separatistas.
La operación es tan chusca que Sánchez ha tratado de extender una cortina de humo con la rebaja del IVA del gas, una propuesta de Feijóo que anticipaba El Mundo este miércoles en portada. Confía el Gobierno en que el favor a ETA no tenga la más mínima repercusión. Pudiera ser. El trato generalizado a las víctimas de la banda terrorista oscila entre el desprecio y la ignorancia, cuando no se les niega directamente su condición. Televisiones públicas como TV3 prefieren entrevistar a asesinos etarras no arrepentidos que a alguna de las numerosas víctimas que causó la banda en Cataluña. Y en las localidades del País Vasco, quienes reciben homenajes y reconocimientos públicos son los criminales, no sus víctimas.
No sólo es urgente, sino que resulta vital oponerse con toda la firmeza posible a la deriva sanchista y estar preparados para los escenarios más complejos. PP y Vox no deberían dar por descontada su victoria en las próximas elecciones porque hasta que sean convocadas queda un año y medio, plazo en el que Sánchez es capaz de organizar cualquier maniobra propia de alguien que es capaz de otorgar un trato de favor a los mayores asesinos de la historia de España.