Por aquello de la pulcritud cronológica, tal día como este 6 de septiembre, pero de hace cinco años, se desencadenó la fase final del Golpe de Estado separatista. El escenario fue el Parlamento autonómico de Cataluña, convertido por los grupos independentistas en una especie de cervecería alemana con cientos de alcaldes golpistas levantando las varas de mando a modo de jarras. La sesión plenaria duró dos días y concluyó con la derogación de la Constitución y el Estatuto de Autonomía y la aprobación de dos leyes. Una para celebrar el referéndum del 1 de octubre y la otra para establecer las nuevas bases de un estado en el que el presidente nombraría a los jueces, entre otras muchas barbaridades.
Aquello fue grave, pero lo que vino después tendió a difuminar el alcance de la transformación del "parlamentarismo" de los grupos independentistas, que sacaron adelante sus coartadas supuestamente jurídicas aplastando los derechos de la oposición y contra la casi heroica resistencia de los letrados de la cámara, algunos de los cuales llegaron a advertir a la indultada Carme Forcadell, entonces presidenta de la cosa, de los graves riesgos en los que incurría si daba curso a semejantes disparates. Pero Oriol Junqueras, Marta Rovira, Anna Gabriel o Carles Puigdemont presionaban demasiado y Forcadell, un títere en manos de los "ases" de la política catalana, no atendió los sabios consejos de los letrados, sino que sucumbió a las amenazas de sus correligionarios.
Fue el principio de una cadena de acontecimientos que precipitó a la sociedad catalana por el despeñadero, empujada por unos auténticos irresponsables, unos políticos ebrios de impunidad y consentidos por empresarios, sindicatos y demás representantes de eso que se llamaba la sociedad civil. La causa remota es el pujolismo, régimen que se afanó en la desespañolización forzosa de Cataluña con aplauso fervoroso de las patronales, los círculos ecuestres y de economía, la renombrada burguesía local, la izquierda, los sindicatos, los clubes de fútbol y hasta los cantautores. Muchos de ellos fueron franquistas, luego nacionalistas y ahora independentistas. Siempre al lado del poder, como La Vanguardia.
El caso es que cinco años después de provocar la división de la sociedad catalana, no pocas peleas, la fuga de miles de empresas, incluidos los dos únicos bancos catalanes, y de causar una crisis social que a punto estuvo de acabar en un enfrentamiento violento, los autores de esa catástrofe viven como auténticos señorazos, aferrados a sus cargos públicos, apalancados en instituciones y administraciones, gozando de las libertades y los derechos del Estado contra el que dicen combatir hasta el final y quejándose a moco tendido de delirantes violaciones de los derechos humanos suscritas por comités inmundos financiados a costa de todos los ciudadanos, incluidas sus víctimas sociales, políticas y económicas.
Ahí está ese Rufián, hecho un brazo de mar en la carrera de San Jerónimo. El mismo que comparó a Puigdemont con Judas porque al pastelero loco le entraron dudas de última hora sobre si proclamar la república catalana o convocar elecciones autonómicas. Esa opción B ha sido poco analizada. Es casi seguro que no se habría aplicado el artículo 155 de la Constitución y también que el separatismo habría ganado los comicios por culpa de la ley electoral que establece que un voto en las provincias de Barcelona y Tarragona no vale lo mismo que en Lérida y Gerona, los graneros separatistas. Pero Junqueras y doña Marta Rovira no lo veían claro y querían el choque con el Estado. Tampoco estaba por el mal menor Anna Gabriel, convertida en una tremenda sindicalista suiza que en breve regresará a España para deponer ante el Tribunal Supremo y disolver el delito de desobediencia del que se le acusa, delito que no acarrea más que una leve inhabilitación en territorio nacional.
Los indultados ahí siguen. Cuixart se ha ido a Suiza gracias a una generosa subvención del Gobierno de España para desarrollar una máquina para su pujante negocio de embalaje de medicamentos. Jordi Sànchez cobra de un "think tank" del partido de Puigdemont, que vive en Waterloo y ejerce de eurodiputado. Turull dirige dicho partido, Junqueras manda en ERC y el resto de agraciados se desenvuelve por los platós y las plazas como si fueran referentes de la libertad y la democracia.
Gobiernan la Generalidad y sostienen el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos. No han retrocedido un ápice en sus posiciones políticas, institucionales, presupuestarias y sociales. Los representantes empresariales les hacen reverencias y los sindicales secundan todas sus maniobras y conspiraciones. La izquierda es su cómplice mientras los derechos de los hispanohablantes en Cataluña son pisoteados sin miramientos ante la impotencia e inoperancia de los tribunales y con el visto bueno del Gobierno en la "mesa de diálogo" con los golpistas de ERC en la Generalidad.
Tras un lustro, ¿quién duda de que lo volverán a hacer? Es que lo están haciendo ya.