Aun cuando este diario sea contrario a la existencia misma de medios de comunicación a cargo del contribuyente (ya sean estatales, autonómicos o municipales) con absoluta independencia del grado de "objetividad", austeridad o probidad con la que desarrollen su supuesta labor informativa, cultural y de entretenimiento, eso no significa, lógicamente, que no consideremos posible y deseable un menor grado de sectarismo, de despilfarro y de zafiedad en los medios audiovisuales que los ciudadanos tienen la bochornosa obligación de sostener con sus impuestos. Más aún si observamos el grado de inmoralidad al que ha llegado últimamente el ente RTVE: así, no considerando suficientemente progubernamental la Radio Televisión Pública bajo la presidencia de Jose Manuel Perez Tornero —cargo al que ascendió gracias a un acuerdo que alcanzaron tanto el gobierno como la oposición— el Ejecutivo socialcomunista, a través de los consejeros del ente público nombrados a propuesta del PSOE y de Podemos forzaron su dimisión el pasado 26 de septiembre.
Ahora se ha sabido, sin embargo, que este asalto de Pedro Sánchez al ente público no sólo buscaba reforzar el control político de RTVE sino, sobretodo, beneficiar económicamente a productoras privadas afines al Ejecutivo socialista a través de la contratación de producción externa como ejemplifica el caso del multimillonario contrato suscrito con La Coproductora, de Jose Manuel Contreras e Integrada en el grupo Prisa.
Si tenemos en cuenta que los presupuestos del Gobierno para el ente público de cara a 2023 contemplan un incremento de 47 millones de euros hasta alcanzar la astronómica cifra de los 490 millones de euros; si tenemos presente que la plantilla de RTVE asciende nada menos que a casi 7.000 personas y, para colmo, buena parte de sus presupuestos se dedican a la contratación de producción externa a cargo de productoras afines al gobierno, nos podemos explicar el clamoroso silencio de la nueva presidenta del ente público, Elena Sánchez, ante las incisivas preguntas del diputado de Vox, Manuel Mariscal, respecto a las "productoras amigas" del Gobierno.
Téngase en cuenta además que la bochornosa modificación vía decretazo de los estatutos de RTVE no solo otorga, sin el aval del congreso, plenos poderes a una presidenta que debería tenerlos limitados por ser interina sino que además le concede una retribución que duplicará con creces el salario del mismísimo presidente del gobierno: más de 200.000 euros frente a los 90.000 que Pedro Sánchez cobrará en 2023.
A este respecto téngase en cuenta que, entre la nutridísima plantilla de RTVE, hay nada menos que 27 directores que cobran 106.000 euros al año entre sueldo y complementos, 54 directores de área que cobran 86.000 euros al año y 88 subdirectores que cobran 75.000 euros al año, tal y como oportunamente ha denunciado el diputado de Vox "mientras el gobierno exige sacrificios a los españoles" vía impuestos.
Ante este obsceno espectáculo, al que viene a sumarse el hecho de que crear un medio de comunicación audiovisual no es un derecho empresarial sino, lamentablemente, una concesión administrativa, no hay mejor alternativa que la completa liberación de este mercado para que sea regido por la libre competencia y la libre elección y financiación del consumidor en lugar del sectario y despilfarrador dirigismo político a costa del forzado contribuyente. Al fin y al cabo, la deseable división de poderes que caracteriza a una sociedad libre afecta, y de qué manera, al llamado "cuarto poder".